Investigadores brasileños realizaron el pasado jueves una de sus mayores operaciones contra la corrupción, apuntando a una red de lavado de dinero ligada a poderosos políticos y empresarios que movieron 834 millones de euros a través de cuentas en 52 países.
Investigadores brasileños han realizado este jueves una de sus mayores operaciones contra la corrupción, apuntando a una red de lavado de dinero ligada a poderosos políticos y empresarios que movieron 834 millones de euros a través de cuentas en 52 países.
Fiscales federales en Río de Janeiro han asegurado que han emitido órdenes de arresto para 53 personas, casi todas ellas cambistas en el mercado negro. La información que los sospechosos tendrían sobre las transacciones ilícitas de importantes compañías y políticos sería «explosiva», ha afirmado un fiscal.
Las autoridades han apuntado en una rueda de prensa que la investigación sobre los sobornos denominada ‘Lava Jato’, que comenzó en el 2014 y se ha transformado en una de los mayores esfuerzos mundiales contra la corrupción, comenzó con el arresto de un solo cambista.
«Esta operación abre la puerta a un universo desconocido», ha señalado el fiscal Rodrigo Timoteo. «Hemos retirado la primera capa, pero hay muchas más», ha añadido.
Los investigadores han podido llevar a cabo las redadas y detenciones de este jueves debido a un testimonio de delación compensada de dos cambistas de dinero, Vinicius Claret y Claudio Barbosa, que movieron de manera ilegal dinero para el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, que cumple una condena de más de 100 años por varios cargos de corrupción.
Dos de los intermediadores de divisas detenidos este jueves en Uruguay, identificados por los fiscales como Francisco Muñoz y Raúl Pegazzano, presuntamente llevaron a cabo operaciones ilegales en el pasado para el mayor frigorífico del mundo, JBS SA.
La compañía ha aseverado en un comunicado que sus ejecutivos, que alcanzaron acuerdos de delación compensada con fiscales, ya han entregado información detallada sobre la conexión de la firma con los dos hombres.
Los fiscales han afirmado que pidieron a un tribunal ordenar la confiscación de 7.500 millones de reales (alrededor de 1.778 millones de euros) en efectivo y bienes de personas vinculadas con la red de lavado de dinero, la mitad para pagar al Gobierno la cantidad de dinero movido ilegalmente en las dos últimas décadas y la mitad para pagar multas.
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