El regulador bursátil de Brasil modificará las normas de las ofertas públicas de adquisición (OPA), cuyas deficiencias quedaron expuestas el año pasado cuando la francesa Vivendi se hizo con el control de la operadora local GVT. La Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exigirá una mayor transparencia en los periodos en los que las ofertas estén en vigor. El regulador bursátil de Brasil modificará las normas de las ofertas públicas de adquisición (OPA), cuyas deficiencias quedaron expuestas el año pasado cuando la francesa Vivendi se hizo con el control de la operadora local GVT. La Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exigirá una mayor transparencia en los periodos en los que las ofertas estén en vigor.
Tradicionalmente, los propietarios de las empresas brasileñas consideraban que sus acciones estaban a salvo del interés de otros inversores. La posibilidad de ofertas hostiles parecía remota en 2002, año en el que se elaboraron las normas actuales. Pero ochos años después, los mercados de capitales de Brasil han registrado una profunda expansión, tanto en términos de volumen como por el número de empresas cotizadas, y las OPA han comenzado a aparecer.
Las propuestas del supervisor, que serán más estrictas que las de algunos reguladores europeos, pondrán límites de tiempo a las OPA y exigirán a las empresas que cuenten con un respaldo financiero suficiente. Además, deberán comunicar sus operaciones en el mercado mientras la oferta esté vigor.
El primer intento de adquisición hostil en el país latinoamericano lo protagonizó Sadia en 2006, cuando lanzó una oferta sin éxito para hacerse con su rival Perdigao. Sin embargo, ha sido el caso de GVT el que revelado las deficiencias de las normas actuales. Todo comenzó cuando Vivendi lanzó una oferta por el 100% de la operadora brasileña.
La española Telefónica respondió con una contraoferta con mejores condiciones. Pero antes de que el resultado de la subasta se llevara a cabo y cuando el mercado ya daba por ganadora a la compañía española, el grupo francés reveló por sorpresa que había alcanzado un acuerdo de compra con los accionistas fundadores y que mantienen el control de la compañía brasileña para asegurarse el control del 57,5% del capital de GVT, desplazando así a Telefónica
Poco después la Fiscalía de Brasil abrió una investigación para identificar supuestas irregularidades en la operación, que podría haber perjudicado a los accionistas minoritarios.
La investigación tiene como objetivo investigar las supuestas irregularidades de la operación (que podrían haber perjudicado a los accionistas minoritarios) para que, en el caso de que se comprueben, se pueda iniciar una acción ante la Justicia, exigiendo que se penalice a los involucrados, según el diario La Folha de Sao Paulo.
Lo que se cuestiona es el porcentaje de acciones de que disponía realmente Vivendi cuando anunció la toma de control de GVT, el pasado 13 de noviembre, a un precio de 56 reales por acción. Entonces señaló haber adquirido un 37,9% del capital y disponer de opciones irrevocables de compra sobre otro 19,6% en manos del fondo británico Tyrus.
La duda está en si el fondo podía garantizar la entrega de esas acciones, ya que el anunció provocó que el mercado considerase como no viable la OPA que había lanzado Telefónica a 50,5 reales por título. El perjuicio para el accionista minoritario se habría producido al impedir, con el anuncio, que Telefónica hubiera mejorado su oferta hasta 70 reales por acción. La investigación podría llevar, incluso a que se revirtiese la operación, aunque es una opción remota.
