El Gobierno de Bolivia ha dado todos los detalles sobre los hechos que rodearon el secuestro y asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, apuntando a nueve «conspiradores» y 17 personas implicadas en el suceso. El Gobierno de Bolivia ha dado todos los detalles sobre los hechos que rodearon el secuestro y asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, apuntando a nueve «conspiradores» y 17 personas implicadas en el suceso.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha apuntado además que, de los 17 identificados por su responsabilidad en el asesinato, diez se encuentran detenidos y siete fugados, facilitando sus identidades, así como la de los «ideólogos» del suceso.
El ministro ha hablado sobre la operación policial durante la jornada del 25 de agosto, cuando Illanes fue secuestrado en Panduro cuando iba a mediar con los mineros que protestaban en la ciudad.
Así, ha apuntado que un total de 5.700 policías fueron desplegados en capitales de provincia y otras localidades para participar en un megaoperativo de rescate, si bien Illanes fue asesinado antes de su inicio.
«Un panorama adverso imposibilitaba cualquier acción policial en ese momento. No se tenía una ubicación exacta del viceministro, pero sí del desplazamiento de mineros en lugares claves y en las alturas», ha dicho.
Romero ha destacado además que la intervención policial hubiera provocado «bajas de ambas partes, entre muertos y heridos», con unas bajas calculadas de al menos 70 personas, según ha informado el diario boliviano ‘La Razón’.
Illanes fue secuestrado en medio de una protesta minera en la localidad de Panduro. El propio viceministro confirmó que estaba «retenido» pero aseguró «no haber recibido ningún maltrato». «Han pedido varios puntos para poder viabilizar mi liberación», dijo.
Horas después el Gobierno confirmó la muerte de Illanes. «Fue cobarde y brutalmente asesinado», lamentó. La autopsia reveló que «fue flagelado en una acción brutal» antes de fallecer por un doble derrame en la cabeza y en el tórax.
El suceso tuvo lugar un día después de la muerte de dos mineros en enfrentamientos con la Policía durante sendas protestas en las ciudades de Sayari y Bombeo contra la modificación de la citada ley.
Los cooperativistas piden cambios en la Ley Minera, para que se les permita firmar contratos con empresas privadas y acceder a la ampliación de concesiones mineras, subsidios a la energía eléctrica y arancel cero para la importación de maquinaria.
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