Argentina vuelve a enfrentarse con los poseedores estadounidenses de una pequeña parte de la deuda de su país. A través de su embajada, el gobierno de Cristina Fernández intenta desacreditar unos ‘fondos buitres’ que presionan para que la administración de Barack Obama embargue al estado argentino 100 millones de dólares (75 millones de euros) en territorio estadounidense. Argentina vuelve a enfrentarse con los poseedores estadounidenses de una pequeña parte de la deuda de su país. A través de su embajada, el gobierno de Cristina Fernández intenta desacreditar unos ‘fondos buitres’ que presionan para que la administración de Barack Obama embargue al estado argentino 100 millones de dólares (75 millones de euros) en territorio estadounidense.
Entre los fondos buitre que denuncian a Argentina destacan dos: EM y NML capital. EM es propiedad de Keneth Dart, un empresario al que Bill Clinton en su día repudió en su campaña demócrata de búsqueda de fondos, al haber renunciado a la ciudadanía estadounidense para evadir impuestos.
El negocio de los fondos buitres es sencillo. Adquieren deuda barata en ‘default’ (suspensión de pagos), al tiempo que inician acciones legales para forzar que paguen los países deudores que están estrangulados financieramente. Este tipo de fondos suelen tener residencia legal en paraísos fiscales y se han especializado en seguir las deudas soberanas con impagos.
Argentina no está pasando ahora mismo su mejor momento en la escena internacional. Diversos dirigentes argentinos temen que varios incumplimientos ante el Ciadi vayan a sacarles del Sistema de Preferencias Arancelarias (SGP) con el que ahora los productos argentinos resultan más competitivos.
El año pasado, el gobierno de Cristina Fernández renegoció con los países acreedores que forman parte del llamado Club de París los 7.000 millones de dólares que les debe desde que en el año 2001 el país tuviera que declararse en suspensión de pagos. El ministro de Economía del país latinoamericano, Amado Boudou, se reunió durante la segunda semana de septiembre con los responsables de dicho club internacional para estudiar la forma, el plazo y la cantidad a la que Argentina debía hacer frente a los pagos.
La misma semana en la que se mantuvo dicha reunión, un ‘lobby’ agroalimentario estadounidense comenzó a ejercer presión para que EEUU no aceptara las dos condiciones que pedía el gobierno de Argentina. La primera se refería al plazo con el que contaría Cristina Fernández para hacer frente a la deuda. Argentina pedía seis años, mientras que el Club de París no parece dispuesto a aceptar un plazo superior a dieciocho meses. Sin embargo, el ‘American Task Force Argentina’ (ATFA) se mostraron reacios incluso a este plazo. Además, tampoco querían que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no estuviera presente en dicha negociación, tal y como deseaba Argentina y aceptó el selecto Club.
