El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya anticipó que iba a «mirar muy finito» en qué se están gastando los recursos del Estado. El Gobierno de Mauricio Macri ha publicado una resolución en el Boletín Oficial en la que confirma la prohibición de incorporar nuevos empleados públicos. Una señal más de que una de sus prioridades continúa siendo la reducción del gasto público.
Pese a que desde su llegada a la Presidencia el 10 de diciembre de 2015, las cifras de la economía argentina no hayan dejado de deteriorarse; Macri mantiene el rumbo de recortes y ajuste fiscal con el que llegó al poder.
Una apuesta que confía en que, como ha afirmado esta misma semana el Banco Mundial (BM) acabe por producir resultados gracias a que, según este organismo, “la puesta en marcha de reformas pro mercado que crean un entorno empresarial favorable y el arreglo de Argentina con sus acreedores fueron acontecimientos propicios que mejoraron la percepción de los inversores”.
Acontecimientos que según el organismo multilateral deberían traducirse en un crecimiento del PIB de un 2,7%, de acuerdo con su informe de “Perspectivas económicas”, pese a que 2016 cerró con una recesión del 2,3%. También pese a que, hasta ahora, todas las previsiones se han visto revisadas a la baja una tras otra.
Sin embargo, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya anticipó cuando fue nombrado que uno de sus grandes objetivos de gestión sería el de «mirar muy finito» en qué se están gastando los recursos del Estado.
Así, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, haciendo caso a una orden presidencial, ha restringido a los entes gubernamentales que forman parte del Ejecutivo el ingreso de nuevo personal. De esta forma, tan solo se mantendrán los 208.000 empleados con los que contaban el último día de 2016, tras la ola de despidos registrada desde que Macri llegó al poder.
Además, si algún organismo desea integrar nuevo personal deberá realizar una serie de pasos administrativos que permitan la autorización de Peña. Sin embargo, empresas del Estado, tales como Aerolíneas Argentinas, las Fuerzas Armadas, las universidades, el Congreso y los cargos relacionados con la carrera de investigación científicas y tecnológicas no podrán optar a la autorización, según recoge Telesur.
