Frontera México EEUU
«Trump es muy voluble y cambia de opinión muy fácilmente de un día para otro. La negociación en seguridad y comercio es simplemente un pretexto para tener ventajas y someter a México», dijo a la Agencia Sputnik Michael W. Chamberlin, defensor de víctimas de abusos de autoridades civiles y militares.
El experimentado activista desde la década de 1990 señala además que el país latinoamericano hace esfuerzos denodados contra el tráfico de drogas y la migración, mientras el vecino del norte sigue elevando sus exigencias sin quedar satisfecho ni hacer su parte.
«Los resultados siempre van a ser insuficientes para Trump, en tanto no se enfoquen en desmantelar a los grupos criminales y la corrupción de la clase política mexicana», sostiene Chamberlain.
En efecto, en nueve meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades civiles y militares mexicanas detuvieron a más de 25.000 presuntos criminales acusados de «delitos de alto impacto», confiscaron más 13.000 armas de fuego, y unas 200 toneladas de distintas drogas.
«Este nuevo Gobierno republicano de EEUU no quiere llegar al fondo, ni hacer la parte que le corresponde en el tráfico ilegal de armas ni el desmantelamiento de las organizaciones criminales en su territorio», indica el experto que integró el consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal).
El especialista que integra varias redes multinacionales de organizaciones defensoras de migrantes y derechos humanos de Centro y Norteamérica sostiene que Trump no hará su parte para contener el letal río de más de 200.000 armas ilegales de alto poder que nutre la violencia que deja unos 30.000 muertos cada año en territorio mexicano.
La cancillería mexicana sostiene que esas armas -que incluyen equipos contra blindados, lanzacohetes, fusiles de guerra, ametralladoras y explosivos- inundan su territorio y termina en poder de las organizaciones criminales, ante lo cual ha emprendido querellas en las cortes de EEUU contra firmas armadoras
Entre las grandes firmas acusadas están Smith & Wesson, Barrett, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Beretta.
En comparación, los decomisos logrados son apenas el 6,5 por ciento del tráfico anual de armamento ilegal.
«La venta de armas traficadas por la frontera común es el gran negocio de muchas factorías estadounidenses, que son parte de la base social de Trump», explica Chamberlain.
En efecto, Trump es apoyado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), que defiende la posesión de armas de fuego en EEUU basado en la segunda enmienda de la Constitución de ese país que reconoce el derecho a poseer y portar armas letales.
El investigador sostiene que Washington sabe del millonario lavado de dinero que hacen en su territorio los grupos criminales, que distribuyen en su país las drogas que llegan desde México.
«No está claro que hagan algo serio al respecto de las armas, sino que se enfoca contra el flujo de migrantes, que es la otra promesa de Trump que le permitió regresar a la Casa Blanca», advierte.
El Gobierno de Sheinbaum informó al Congreso que el 74 por ciento de las armas ilegales llegaron desde armerías legalmente establecidas en los estados vecinos de Arizona, California y Texas entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.
«Los argumentos del tráfico de armas se enfrentan con una guerra de Trump por ganar la narrativa y someter a sus socios en el mundo y ha quedado atrapado en esa trampa de retórica pugnaz y acciones unilaterales», subraya Chamberlain.
Para sostener sus querellas en cortes estadounidenses, la cancillería mexicana construyó un mapa para mostrar a Washington las principales rutas del tráfico ilegal de armamento.
La respuesta de Trump fue recortar el presupuesto a la agencia dedicada a su control, que a su vez despidió al personal encargado de combatir el tráfico ilegal de armas.
«Trump sabe perfectamente las rutas del tráfico de armas, pero la prioridad ante su electorado son las rutas de los migrantes», puntualiza.
El pasado 5 junio, México criticó el fallo de la Suprema Corte de EEUU contra la demanda a fabricantes de armas presentada por el Estado del país latinoamericano, en la que denuncia a las empresas por «ayudar e instigar» el tráfico ilegal de armamento.
La cancillería rechazó con firmeza la decisión judicial y anunció que «continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles».
La demanda por 10.000 millones de dólares acusa a fabricantes estadounidenses de armas de haber contribuido a la violencia de los cárteles de la droga en territorio mexicano.
Esta demanda fue presentada por México en agosto de 2021 ante un Juez de Distrito de Boston, Massachusetts (noreste de EEUU).
El máximo tribunal echó por tierra un fallo de instancia inferior emitido en enero de 2024 por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito según el cual la cancillería había alegado de manera suficiente que «los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México».
México considera que hay en su territorio 13 millones de armas sin registrar en todo el país, la gran mayoría traficadas ilegalmente desde EEUU, suficientes para que una de cada 10 personas esté armada en una población de casi 130 millones de habitantes.
La demanda la respaldan cinco países caribeños (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica, y Trinidad y Tobago), así como una coalición de organizaciones en favor del desarme.
El fallo de la suprema corte se refiere a la primera querella presentada en la corte federal de Boston, Massachusetts (noreste)
México mantiene viva su esperanza de que prospere su segundo juicio contra las armerías en Tucson, Arizona (sur).
La jueza de distrito de Arizona ya dio pie a una nueva etapa que, en EEUU, se conoce como ‘discovery’, para la recolección de evidencias antes de ir al fondo del caso.
Mientras tanto, en los primeros cuatro meses de este año las autoridades migratorias de EEUU reportaron un descenso del 77 por ciento de las detenciones de extranjeros indocumentados en comparación con el mismo período de 2024.
Por su parte, Sheinbaum dijo el jueves que la reducción del tráfico del opioide sintético fentanilo ha sido de 50 por ciento comparado con el año pasado, con datos respaldados por autoridades del país vecino.
La presidenta lanzó este viernes un último llamado a Washington, a un año de la detención del narco Ismael «Mayo» Zambada en el sur de EEUU, que desencadenó un prolongado enfrentamiento armado entre las facciones del Cártel de Sinaloa, y ha dejado más de 1.800 muertos en ese estado del noroeste, sobre todo su capital Culiacán.
«Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa, se trabaja todos los días y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo hay resultados en Sinaloa y en todo el país», prometió.
Reafirmó que su administración atiende las causas de la violencia y avanza en su política denominada «cero impunidad», mientras espera que EEUU atienda el consumo y tráfico de drogas en su territorio.
«Nosotros planteamos siempre al Gobierno de Estados Unidos que tiene que haber colaboración y coordinación, sin injerencias, y eso nos va a permitir disminuir el tráfico de drogas, y de armas. Esa es nuestra posición, vamos a avanzar en la estrategia de seguridad», planteó.
La mandataria está convencida que hace lo correcto, que ha logrado disminuir los homicidios y todos los delitos, excepto las extorsiones y desapariciones de personas.
El balón está en la cancha de Trump, antes del plazo del 1 de agosto, fecha que él mismo fijó para aplicar sus sanciones a su principal socio comercial.
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