Los ministros de Exteriores de Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia y Perú (Foto: Ministerio de Exteriores de Chile)
Los ministros de Exteriores y de Seguridad de los cinco países han cerrado el compromiso durante una reunión celebrada en Santiago de Chile, convocada para reforzar la cooperación regional frente a una amenaza que supera las capacidades individuales de cada Estado.
El acuerdo busca pasar de la coordinación política a medidas regionales con seguimiento y resultados verificables
El acuerdo contempla la creación de un Grupo de Trabajo integrado por las entidades competentes de cada país, que deberá elaborar el plan de acción y someterlo a la aprobación de los ministros responsables.
La dirección del grupo será rotatoria y seguirá el orden alfabético de los Estados participantes, por lo que Argentina asumirá inicialmente el liderazgo. La primera reunión deberá celebrarse en un plazo de 90 días, mientras que una nueva cita técnica tendrá lugar en 180 días para revisar los avances.
| País participante | Papel en el acuerdo |
|---|---|
| Argentina | Primer liderazgo rotatorio del grupo |
| Bolivia | Participación técnica y ministerial |
| Chile | País anfitrión del encuentro |
| Ecuador | Participación técnica y ministerial |
| Perú | Participación técnica y ministerial |
El plan podrá incluir propuestas en materia de seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad, control migratorio y control fronterizo, además de otras áreas que las partes técnicas consideren de interés común.
Los países firmantes han subrayado que la delincuencia organizada transnacional exige una respuesta “regional más articulada, coordinada, sostenida y eficaz”, ya que los esfuerzos nacionales, aunque necesarios, no resultan suficientes por sí solos.
El pacto se centrará en seguridad, flujos financieros, migración y control fronterizo
La declaración conjunta define el compromiso como una iniciativa política y programática destinada a fortalecer la cooperación regional, siempre bajo el respeto a la soberanía nacional, el derecho interno y los compromisos internacionales de cada país.
Los gobiernos no han detallado todavía medidas concretas, pero sí han fijado un calendario inicial de trabajo y seguimiento. El objetivo es que la cooperación avance hacia mecanismos verificables frente a delitos como el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero y otras redes criminales transnacionales.
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