En un contexto de creciente emergencia climática y presión social por la protección del medioambiente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado un precedente fundamental: los países tienen una responsabilidad jurídica directa en la lucha contra el cambio climático. La opinión consultiva, solicitada por Chile y Colombia en 2023, redefine el papel de los Estados frente a la degradación ambiental y refuerza los vínculos entre derechos humanos y justicia climática.
La Corte declaró que el cambio climático constituye una amenaza real y presente para los derechos humanos, especialmente los de las generaciones futuras, y que los Estados deben actuar conforme al derecho internacional. Esto implica aprobar leyes, ejecutar políticas públicas y tomar medidas para evitar daños ambientales masivos e irreversibles.
Además, el tribunal reconoció expresamente el derecho humano a un clima sano, ampliando el concepto de medio ambiente como un elemento esencial para la vida digna.
El dictamen establece que los gobiernos tienen la obligación de prevenir, restaurar y proteger los ecosistemas, considerando tanto la ciencia como los saberes ancestrales de los pueblos indígenas
Aunque las opiniones consultivas no son legalmente vinculantes, tienen un peso jurídico considerable en los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la práctica, sus conclusiones suelen influir en legislaciones nacionales, sentencias judiciales y políticas públicas.
Se espera que esta decisión impulse demandas y acciones judiciales relacionadas con el clima en América Latina, y que sirva como base para las negociaciones en la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil.
«No es solo un hito jurídico, es un plan de acción», afirmó Nikki Reisch, del Centro de Derecho Ambiental Internacional
El fallo llega en medio de una movilización creciente de los pueblos indígenas, quienes han sido actores clave en la defensa de los territorios frente a la minería, la deforestación y el extractivismo sin consulta previa.
La Corte ha respaldado en múltiples ocasiones los reclamos indígenas, y en esta nueva opinión enfatiza la necesidad de respetar sus derechos territoriales y sus contribuciones al equilibrio climático.
La jueza presidenta Nancy Hernández López subrayó que los Estados deben “restaurar y regenerar los ecosistemas”, no solo abstenerse de dañarlos
El dictamen se basa en una opinión previa de 2017 en la que la Corte ya había reconocido el medio ambiente sano como un derecho humano autónomo. Esta nueva declaración profundiza su aplicación al contexto actual de emergencia climática global, y puede influir también fuera del continente americano.
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