En medio de una batalla política entre el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y un Congreso de mayoría conservadora, la cuestión de quién debe pagar más impuestos ha tomado el centro del escenario. El respaldo popular a una reforma fiscal más progresiva choca con las decisiones legislativas que, según el oficialismo, protegen a los más ricos en detrimento de los más vulnerables.
Según los datos del Instituto Atlas, el 58% de los brasileños está a favor de aumentar los impuestos a multimillonarios, entidades financieras y empresas de apuestas online. Solo el 37% se mostró en contra, lo que refuerza la percepción de que la ciudadanía apoya una distribución más equitativa de la carga tributaria.
Este respaldo se da en un contexto de fuerte presión fiscal sobre las clases medias y bajas, y de crecientes cuestionamientos a los beneficios fiscales que históricamente han favorecido a los sectores de mayor renta.
El apoyo a gravar a los más ricos representa un giro en la sensibilidad social brasileña, impulsado por el descontento ante los recortes sociales y el privilegio de élites económicas
El conflicto estalló con fuerza después de que el Congreso Nacional anulara un decreto de Lula que aumentaba el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF), una medida que buscaba incrementar la recaudación para sostener programas sociales. La iniciativa, sin embargo, fue tildada de «inhibidora de la riqueza» por los legisladores opositores.
Este discurso de austeridad ha sido duramente criticado por el oficialismo, especialmente después de que el Congreso impulsara un proyecto para aumentar el número de diputados, lo que contradice su propio llamado a la contención del gasto.
La anulación del decreto del IOF debilitó al Gobierno, pero también expuso contradicciones en el discurso conservador sobre el control fiscal
Otro dato revelador de la encuesta de Atlas es que el 42,4% de los brasileños considera que el Gobierno es más responsable con las cuentas públicas que el Congreso, frente a solo un 21,8% que confía más en los legisladores. Un 34,7% no ve responsabilidad fiscal en ninguno de los dos.
Esta percepción refuerza la narrativa del Ejecutivo, que se presenta como el actor que realmente busca el equilibrio presupuestario sin sacrificar los derechos sociales, en contraste con un Congreso que es percibido como defensor de los intereses económicos de las élites.
Tras meses de desgaste, el Gobierno ha logrado recuperar parte de su popularidad gracias a campañas virales que critican la actitud del Congreso y resaltan la necesidad de que los más ricos aporten más. Estas campañas, impulsadas por aliados y sectores de la izquierda, han conseguido instalar el debate sobre la justicia tributaria en el centro de la conversación pública.
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