El incremento de ataques contra quienes protegen bosques, agua y biodiversidad refleja una tendencia preocupante en la región. Con la COP30 en el horizonte, los datos confirman que sin seguridad para los defensores será imposible alcanzar las metas de los ODS 13, 15 y 16. El impacto afecta no sólo a los ecosistemas, sino también a comunidades indígenas y rurales que dependen de ellos para sobrevivir.
Colombia sumó 48 casos de asesinatos o desapariciones de defensores ambientales en 2024, Guatemala contabilizó 20 y México llegó a 18, con un aumento drástico en Guatemala respecto a 2023. La región representa más de cuatro quintas partes de los ataques globales.
La violencia ligada a conflictos territoriales y actividades extractivas erosiona la credibilidad internacional de los países latinoamericanos
La situación afecta al ODS 15 (ecosistemas terrestres), al ODS 13 (acción climática) y al ODS 16 (instituciones sólidas), al reflejar impunidad generalizada. Un tercio de las víctimas eran indígenas, pese a que este grupo representa apenas el 6% de la población regional. la falta de protección a comunidades indígenas multiplica el riesgo de perder bosques y biodiversidad crítica antes de 2030.
| País | Casos registrados | Variación frente a 2023 | Observaciones clave |
|---|---|---|---|
| Colombia | 48 | Estable | Conflictos por tierra y minería |
| Guatemala | 20 | +400% | Aumento repentino, mayor riesgo per cápita |
| México | 18 | +12,5% | Minería y tala ilegal como focos |
| Total región | 120 | +20% | Más del 80% del total mundial |
Los ataques responden a la expansión del agronegocio, la minería y las economías ilícitas. La ausencia de sistemas de alerta temprana y la débil aplicación de normas internacionales agravan la impunidad. sin justicia ni protección real, la sostenibilidad se convierte en un objetivo inalcanzable en la región.
Los próximos meses serán determinantes para ver si los gobiernos traducen compromisos en políticas efectivas. La presión internacional, sumada a la necesidad de cumplir metas ambientales, obliga a adoptar medidas de protección, transparencia en conflictos socioambientales y financiamiento para programas de defensa.
La cuenta atrás hacia 2030 exige pasar de las promesas a la ejecución con presupuestos y calendarios verificables
América Latina no podrá cumplir la Agenda 2030 si continúa siendo la región más peligrosa para quienes defienden la naturaleza. Proteger a los defensores ambientales es condición indispensable para garantizar la sostenibilidad, la paz social y la credibilidad internacional de los compromisos climáticos.
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