El desplazamiento en la región afecta a más de 1,7 millones de personas y responde a causas que van desde la violencia hasta factores socioeconómicos. Con la nueva declaración, los Estados del MIRPS buscan reforzar las respuestas integrales, mejorar la articulación entre gobiernos y organismos internacionales y asegurar que los Derechos Humanos sean el eje de las políticas de protección.
La declaración aboga por ampliar la coordinación entre gobiernos locales, organismos regionales y entidades financieras
Los países que integran el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) —Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá— cerraron una reunión en la que adoptaron la ‘Declaración de Heredia’, centrada en fortalecer la protección, impulsar soluciones permanentes y mejorar la capacidad de respuesta conjunta.
El MIRPS se consolida como mecanismo regional ante el desplazamiento forzado
Los Estados subrayaron que el fenómeno exige una respuesta integral que atienda las causas estructurales, garantice derechos y promueva alternativas estables para la población afectada.
Según la declaración divulgada por la OEA, será necesario aumentar la colaboración entre gobiernos locales, instituciones financieras internacionales y mecanismos regionales para atender la situación. La región enfrenta un desplazamiento prolongado que requiere políticas de medio y largo plazo.
El apoyo financiero y técnico será clave para sostener los proyectos en marcha
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó que el MIRPS demuestra que la cooperación y la responsabilidad compartida “no solo son posibles, sino indispensables”. Recordó además que el derecho a solicitar asilo es una obligación jurídica y moral que refuerza la soberanía de los Estados.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, destacó que el mecanismo “se ha posicionado como un modelo de acción coordinada”. Subrayó que el Fondo MIRPS, financiado por España, ha implementado su primera cartera de proyectos en 2025, beneficiando a más de 24.000 personas desplazadas en toda la región.
Costa Rica, que ostentó la presidencia temporal este año, cedió el mandato a El Salvador de cara a 2026. El MIRPS continúa así reforzando su papel como una contribución concreta al Pacto Mundial sobre los Refugiados, fomentando la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino.
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