Frontera México EEUU
El récord anterior se había alcanzado en 2019, durante el primer gobierno del republicano, cuando el ICE mantenía a 56.000 personas bajo custodia. Ahora, la capacidad total de sus centros ha pasado de 41.500 a 70.000 camas, y el objetivo de la Casa Blanca es llegar a 100.000 plazas con la aprobación del llamado “Gran Proyecto de Ley”, eje económico y financiero de la nueva administración.
El incremento de la capacidad y la construcción de nuevos centros responden, según el Gobierno, a la necesidad de “controlar la crisis fronteriza” y reducir la inmigración irregular. Sin embargo, organizaciones civiles denuncian que la mayoría de los nuevos detenidos no tienen antecedentes penales.
Cerca de 33.000 personas, casi la mitad del total, permanecen arrestadas únicamente por presuntas infracciones administrativas vinculadas a su estatus migratorio, lo que evidencia una estrategia de detención masiva sin distinción entre perfiles delictivos y administrativos.
La mitad de los migrantes detenidos por el ICE no tiene antecedentes penales
El crecimiento del sistema de detención implica un fuerte impacto presupuestario. Los costes de mantenimiento de los centros y de las operaciones de deportación han aumentado de forma constante desde 2024, alimentados por el refuerzo de la frontera sur y los contratos con empresas privadas de seguridad.
| Indicador | Valor actual | Variación interanual |
|---|---|---|
| Migrantes detenidos por ICE | 66.000 | +70% |
| Capacidad total de camas | 70.000 | +68,6% |
| Personas sin antecedentes | 33.000 | ≈50% del total |
| Récord anterior (2019) | 56.000 | — |
Diversos analistas alertan de que esta política marca un punto de inflexión en el tratamiento de la inmigración en EEUU. Las medidas adoptadas por Trump, justificadas como herramientas de seguridad nacional, están redefiniendo el papel del ICE y ampliando su poder operativo.
Los expertos alertan de que el enfoque punitivo puede saturar el sistema judicial migratorio
La Casa Blanca sostiene que el aumento de detenciones responde a un “compromiso con la ley y el orden”, mientras organizaciones de derechos humanos advierten que el país se enfrenta al riesgo de normalizar la detención preventiva de personas sin delitos graves.
El récord de 66.000 detenidos marca, así, un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense: una estrategia basada en la expansión del control interno, la militarización de la frontera y una interpretación cada vez más restrictiva del derecho al asilo.
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