ExxonMobil, en el punto de mira: Venezuela acusa a la petrolera de violar el derecho internacional

El discurso del canciller se enmarca en un contexto de creciente disputa por los recursos energéticos del Caribe, donde la frontera marítima entre Venezuela y Guyana continúa pendiente de definición, mientras ExxonMobil explota el bloque petrolero Stabroek bajo licencia del Gobierno guyanés.

Venezuela considera estas operaciones un acto de saqueo que pone en riesgo su soberanía y cuestiona la complicidad de algunos Estados que, según Gil, amparan la actividad de grandes corporaciones energéticas en zonas de conflicto.

Una disputa que reabre viejas heridas territoriales

Gil aseguró que las corporaciones transnacionales actúan hoy como “potencias paralelas” que ocupan territorios soberanos con total impunidad. Mencionó específicamente a ExxonMobil, que, según Caracas, “opera de forma ilegal en un mar no delimitado, explotando recursos que no le pertenecen”.

El canciller acusó a la petrolera de aprovechar el vacío jurídico para expandir su actividad sin respeto por la soberanía venezolana

En el centro del conflicto está la zona del Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en hidrocarburos y minerales que Venezuela reclama desde el siglo XIX. Guyana, por su parte, sostiene que el área le pertenece en virtud del Laudo Arbitral de 1899, mientras la Corte Internacional de Justicia mantiene abierto el proceso sobre la delimitación.

Acusaciones de “neocolonialismo energético”

Durante su intervención, Gil también cuestionó el modelo global de transición energética, al que calificó de “farsa”. “No se trata de una transición hacia la sostenibilidad, sino hacia una nueva forma de dominación”, señaló.

Venezuela denuncia que la transición verde reproduce desigualdades y mantiene la dependencia tecnológica del Sur Global

El canciller argumentó que, lejos de reducir el consumo, el nuevo modelo energético “demanda más combustibles fósiles que antes” y que los países que no se alinean con las potencias occidentales sufren sanciones y restricciones tecnológicas.

A su juicio, la política ambiental multilateral ha fracasado porque los fondos climáticos nunca llegan a los pueblos que más los necesitan, mientras se refuerzan mecanismos financieros que perpetúan la dependencia y el control.

COP30: los contrastes entre el Norte y el Sur

El evento, que reúne a 153 delegaciones internacionales, centra su agenda en acelerar la acción climática y avanzar en justicia ambiental. En la ceremonia inaugural, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva apeló a la protección de los bosques amazónicos y a un “pacto real de equidad energética”.

Venezuela busca proyectar su denuncia como un llamado a revisar la gobernanza ambiental global, subrayando que el cambio climático no puede desvincularse de los modelos extractivos que alimentan la desigualdad.

Caracas intenta posicionar su discurso como una crítica estructural al sistema energético y financiero que define las políticas climáticas

Participación en la COP30

Un conflicto con proyección geopolítica

La denuncia de Gil no solo tiene un componente ambiental, sino también geopolítico. El canciller vinculó el despliegue militar de EEUU en el Caribe con el “saqueo de los recursos naturales de las naciones soberanas”, acusando a Washington de usar la excusa del cambio climático para fortalecer su control energético.

Aunque la comunidad internacional evita pronunciarse directamente sobre el litigio del Esequibo, la intervención venezolana coloca nuevamente el tema en el centro del debate climático mundial, al unir la defensa ambiental con la soberanía territorial.

El pulso entre ExxonMobil, Guyana y Venezuela trasciende lo jurídico y lo energético: es un síntoma de cómo los intereses corporativos siguen definiendo el mapa político del clima. Mientras la COP30 busca consensos globales, la denuncia venezolana recuerda que la justicia climática sigue siendo, ante todo, una cuestión de poder.

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