Imagen de un hombre con mascarilla en Ecuador
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi han denunciado este lunes al Estado ecuatoriano por supuestos delitos de lesa humanidad durante las movilizaciones de octubre de 2019.
Tras una reunión de los líderes de ambas organizaciones en Quito, según informa ‘El Comercio’, han presentado una denuncia en la Fiscalía en la que demandan al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al encargado de la Contraloría, Pablo Celi, y al comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo. El escrito también denuncia un supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.
El abogado y asesor legal de la CONAIE, Carlos Poveda, ha lamentado la muerte de 11 personas y más de 300 «mutilados» durante la huelga general que aconteció hace un año en el país andino, así como 62 heridos graves y 1.300 detenidos.
Estos hechos, según Poveda, se dieron en una cadena de mando del Estado, integrada por el Consejo de Seguridad Nacional, con participación de organismos de inteligencia y contrainteligencia.
Por su parte, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ha añadido que «tenemos todos los argumentos necesarios para decir que respondan por los hechos de octubre y, si no tienen la capacidad para hacerlo, iremos a otras instancias internacionales».
«Iremos hasta las últimas consecuencias. Seremos perseguidos, encarcelados. Vamos a seguir por el camino de lucha, esto no puede quedar así. Ni perdón ni olvido. Tienen que responder, y si deben ir a la cárcel este Gobierno y los responsables, deben ir a la cárcel», ha incidido Vargas según declaraciones recogidas por ‘El Universo’.
El líder indígena ha puesto en duda que, mientras la justicia mantiene abiertas investigaciones contra dirigentes indígenas por supuestos delitos de sabotaje, secuestro y terrorismo durante las movilizaciones, no exista una investigación sobre los manifestantes muertos, heridos y lesionados.
Por último, ha anunciado que «muy pronto» se convocará una movilización nacional, «vendrá con más fuerza el octubre rebelde. Hay que prepararse, porque este Gobierno está preparado para matarnos. Si nosotros no nos paramos, quién nos va a defender», ha precisado.
Con el eslogan ‘Octubre, mes de la Resistencia Indígena y la Lucha Social’, como ha denominado la CONAIE a las conmemoraciones del primer año de las protestas, las organizaciones han realizado en el parque El Arbolito una ceremonia para conmemorar «528 años de saqueo y barbarie» y de «resistencia frente a la invasión española».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el país durante las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre, concluyendo que la respuesta inicial del Estado ante las movilizaciones generó «actos de protesta» que, «en determinados casos, fueron reprimidos mediante el uso excesivo de la fuerza».
El informe añadía que el uso excesivo de la fuerza fue, «principalmente, en contra de integrantes de comunidades indígenas que se sumaron a las manifestaciones».
Asimismo, señalaba que «en determinadas circunstancias, grupos de personas que se manifestaban provocaron graves desmanes durante algunas protestas», como arrojar «piedras y objetos contundentes contra la Policía, protagonizando saqueos, incendios y otros tipos de agresiones», inclusive, contra la prensa.
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