«Es un «carnavalazo millonario» que se está llevando el señor Daniel Noboa, innecesario; un robo a los recursos de los ecuatorianos», señaló a la Agencia Sputnik la parlamentaria Mónica Palacios, del opositor movimiento Revolución Ciudadana (izquierda).
Un documento con fecha 28 de febrero, viralizado en redes sociales en pleno inicio del feriado de cuatro días por los carnavales, confirmaba la concesión del manejo de Sacha al consorcio foráneo Sinopetrol, conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L y Petrolia Ecuador S.A.
Sacha, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, produce 77.000 barriles diarios, el 16 por ciento de la producción nacional, con reservas de 367 millones de barriles y 96 millones de pies cúbicos de gas.
El referido consorcio ofrece pagar un anticipo de 1.500 millones de dólares, así como inversiones por 1.761 millones de dólares durante 20 años, además de asumir 160 millones de dólares por el costo actual del mantenimiento del campo, y elevar la producción a 100.000 barriles diarios.
El consorcio anunciaba en diciembre del año pasado que el 80 por ciento de las ganancias irían al Estado, pero en los términos de dicho contrato se calcula que Ecuador recibiría apenas el 12,5 por ciento del valor de la producción y el restante 87,5 por ciento se lo llevaría la compañía extranjera.
El Gobierno ha dicho que ganaría 6.314 millones de dólares con esta adjudicación, pero se estima que el campo podría generar 14.191 millones de dólares.
EL ACUERDO 40 PRENDIÓ LAS ALERTAS
La publicación el pasado 23 de diciembre en el Registro Oficial del Acuerdo Número 40 del Ministerio de Energía y Minas, prendió las alertas respecto a la inminente concesión del Campo Sacha.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep), dicho acuerdo no justificó la incapacidad económica o técnica de la estatal Petroecuador para manejar dicho pozo, un elemento fundamental para considerar el cambio de operador.
«Es imposible respaldar la transacción con base en cifras reales, ya que, en los últimos años, la estatal petrolera ha incrementado significativamente su producción, demostrando precisamente que cuenta con la capacidad técnica y económica para hacerlo», argumentó la gremial.
Antep aregó que dicho acuerdo sólo tomó como referencia dos informes del propio Ministerio de Energía y Minas, lo cual evidenciaría «serias dudas» sobre la fiabilidad de las cifras señaladas.
La legisladora Palacios señaló que desde sus funciones pudo acceder a un único informe de un estudio técnico de 11 hojas para entregar y privatizar el campo petrolero más importante del Ecuador, el cual determinaba que había que dejar de invertir en Sacha.
«O sea, que Petroecuador deje de invertir en el Campo Sacha desde 2025 a 2027 para que de esa forma baje la producción y en ese sentido sea necesario que otra empresa produzca lo que nosotros mismos pudimos haber producido», explicó.
La producción diaria promedio de Sacha en 2024 fue de 76.980 barriles de petróleo, un 6,8 por ciento más que en 2023, pero el Gobierno alega que Petroecuador no tendría suficientes recursos para aumentar su producción.
Sin embargo, según un informe de Antep, «el Estado ecuatoriano dejaría de recibir USD 2.544 millones de renta petrolera en un período de 20 años con la operación privada y la oferta presentada, en comparación con lo que recibiría si continuara operando directamente el campo».
Antep apuntó que, si se toma en cuenta el anticipo propuesto por el consorcio, la pérdida sería de 1.044 millones de dólares.
En tanto, una auditoría extranjera advirtió que el daño para este país andino podría superar los 8.000 millones de dólares, reportó el portal Primicias.
FISCALIZACIÓN DEL PARLAMENTO
La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) rechazó la decisión e inició la fiscalización de un proceso que considera irregular, ante la presumible falta de fundamento legal o técnico para dar la concesión del pozo.
El Legislativo recordó en un comunicado que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, por lo que «no se puede concesionar un campo en producción, ni se puede realizar una concesión directa a una empresa privada».
Añadió que ningún informe señala que Petroecuador carece de solvencia económica ni técnica para operar Sacha, cuya renta recibe el país íntegramente.
La comisión parlamentaria de Fiscalización y Control Político agregó que en dicho contrato se incluirían cláusulas de arbitraje internacional, lo cual prohíbe la Constitución, y que le dificultaría al Estado deshacerse de dicho contrato antes de 20 años.
«Ese es un problema porque nos están quitando los recursos a todos nosotros los ecuatorianos», aseveró Palacios.
El Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, dijo que no había recibido una solicitud respecto a dicha concesión, lo cual anularía cualquier proceso.
Delegados del Frente de Defensa Petrolero denunciaron ante la Comisión de Fiscalización y Control Político que otra irregularidad sería cederle el manejo de Sacha a una compañía cuya condición de pública no está debidamente justificada y, que no ha cumplido muchos de los requisitos establecidos en la ley.
El Grupo de Transformación Energética, que reúne a expertos del sector en Ecuador, declaró a Primicias que Sacha requiere inversiones en técnicas avanzadas de recuperación secundaria y terciaria, además de la perforación de pozos profundos, pero ha cuestionado igualmente que la adjudicación se hiciera sin concurso público.
Luis Almeida, exsecretario de Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador, despedido por su defensa a la empresa estatal, cuestionó públicamente este «negocio a escondidas» en pleno proceso electoral, previo al balotaje en que el presidente, Daniel Noboa, buscará su reelección por cuatro años (2025-2029).
