La tensión entre el Gobierno de Ecuador y la Corte Constitucional (CC) ha alcanzado nuevos niveles tras la suspensión parcial de tres leyes aprobadas con carácter urgente por el Parlamento. La reacción del Ejecutivo, encabezada por declaraciones de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ha despertado la alarma de la ONU. La Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, denunció este miércoles la existencia de amenazas a la independencia judicial, en un contexto marcado por crecientes tensiones institucionales y movilizaciones ciudadanas en defensa de la Corte.
La ONU alerta sobre amenazas inaceptables contra la Corte Constitucional
En su pronunciamiento a través de la red social X, Satterthwaite calificó de «muy preocupantes» las presiones desde el Gobierno ecuatoriano hacia la Corte Constitucional, señalando directamente a la ministra Zaida Rovira por declaraciones que, según la relatora, acusan al tribunal de «empoderar a grupos criminales» y de «socavar la democracia».
La ONU subraya que el rol de la Corte es esencial para la protección frente a abusos por parte de las mayorías
La reacción de la ONU se produce tras la suspensión provisional por parte de la CC de artículos clave de la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, normas impulsadas por el Ejecutivo bajo el paraguas de «urgencia económica» y «seguridad nacional».
“Los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias. Su autoridad proviene de ser garantes del orden constitucional”, expresó la funcionaria de Naciones Unidas.
Noboa convoca marcha contra la Corte Constitucional
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha llamado a movilizarse contra la Corte el próximo 12 de agosto, acusando a esta de bloquear iniciativas urgentes del Gobierno. El Ejecutivo exigió públicamente que el alto tribunal “dé la cara” y “explique” su decisión, considerando que ha dejado sin respaldo legal a las fuerzas del orden y a los ciudadanos.
Este nuevo capítulo de confrontación política se enmarca también en la propuesta del Gobierno de incluir en un referéndum una pregunta para permitir el juicio político a los jueces constitucionales, algo que ha sido interpretado por sectores judiciales y de derechos humanos como una amenaza directa a la independencia de la Corte.
Leyes urgentes bajo la lupa de la inconstitucionalidad
Las tres leyes cuestionadas recibieron el respaldo del oficialismo y sus aliados legislativos, pero organizaciones sociales y gremiales han presentado múltiples demandas de inconstitucionalidad, alegando que vulneran derechos humanos y laborales.
Entre los artículos suspendidos, destacan aquellos que permitían la recopilación de inteligencia sin autorización judicial previa, así como modificaciones relacionadas con el financiamiento político y medidas tributarias. Estas reformas son consideradas lesivas por diversos sectores, mientras el Ejecutivo insiste en su necesidad para garantizar el orden y la estabilidad económica.
Protestas en defensa del orden constitucional
En medio del clima de tensión, varias organizaciones han convocado para este jueves una concentración en la sede de la Corte Constitucional en Quito, en apoyo a los jueces y en rechazo a las presiones gubernamentales.
Los convocantes exigen que se acepten las demandas de inconstitucionalidad y que la Corte actúe con independencia frente a la presión política. La ONU, por su parte, ha recordado que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de Derecho.
