El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, ha aprobado este jueves una reforma de la Ley General de Aguas que ha generado críticas entre la oposición por, entre otras cuestiones, abrir la puerta a la posibilidad de privatizar el servicio.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del presidente, Daniel Ortega, ha hecho valer su mayoría para sacar adelante unos cambios que el Gobierno considera necesarios pero que, a ojos de la oposición, marca un giro en temas básicos de gestión y en concesiones de ayudas.
Entre los cambios introducidos figura la desaparición del Instituto Nicaragüense de en Acueductos y Alcantarillados (INAA), cuyas competencias pasan a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), más vinculada al Gobierno y que sería responsable de aprobar las hipotéticas concesiones privadas.
La ley establece que «excepcionalmente» la ANA «podrá otorgar licencias de aprovechamiento y operaciones a agentes económicos privados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Ley, quienes quedarán sujetos a la regulación de la misma».
La expresidenta ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) Ruth Selma Herrera ha advertido de que «en Nicaragua hay sectores interesados en que se privatice el agua desde hace rato» y la reforma permitiría convertir un servicio básico «en un negocio», según el diario ‘La Prensa’.
Además, la nueva ley limita el alcance del «apoyo social», el subsidio estatal para la factura en el agua potable, de tal forma que se centrará en zonas rurales pero de difícil acceso y dejará fuera a los habitantes de áreas marginales situadas en núcleos urbanos.
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