¿De dónde proceden los productos «made in Brasil» que encontramos en las estanterías de los supermercados? ¿Están «limpios» la soja o la carne que alimentan a medio mundo? Muchas de las «commodities» brasileñas están manchadas con el rastro de la tierra deforestada ilegalmente en la Amazonía, pero es muy difícil averiguarlo.
Las empresas saben que los consumidores son cada vez más exigentes y «rastreabilidad» es la palabra de moda.
La presión de países extranjeros (sobre todo en Europa) y las amenazas de boicot a los productos brasileños está provocando que las grandes empresas exportadoras «sean cada vez más transparentes a la hora de mostrar sus cadenas productivas», explica a Sputnik André Vasconcelos, investigador de Trase, una plataforma que se dedica precisamente a rastrear la cadena productiva y asesorar a empresas y gobiernos.
Aun así, los desafíos son enormes debido a la enorme cantidad de intermediarios: «La soja, por ejemplo, sale de un hacienda y luego se mezcla en los silos. De allí va a un barco y se mezcla otra vez con otra soja, y al final llega al país de destino, donde otras empresas la convierten en pienso para pollos o cerdos».
UN LABERTINO DE INTERMEDIARIOS
Averiguar de qué terreno brasileño procede la soja que está en ese pienso que acabó en una granja cualquiera de Francia es muy complicado, también por la falta de transparencia. Los grandes productores de soja de Brasil, por ejemplo, pactaron elaborar una «lista negra» con las empresas que no cumplieran los requisitos ambientales, pero también acordaron que sería confidencial, sólo el sector tiene acceso a ella.
El caso de la ganadería es similar al de la soja. Las principales empresas subrayan que sólo compran de proveedores seguros, pero lo que ocurre es que esos proveedores «seguros», a su vez compran animales criados en terrenos deforestados de forma ilegal; es una forma de «blanquear» la carne.
Los propios productores lo admiten. La multinacional brasileña JBS, la mayor productora de proteína animal del mundo, lanzó en septiembre la «Plataforma Verde JBS», que según la empresa «permitirá extender el control que ya hace de sus proveedores a los demás eslabones de la cadena». La firma asume así que no aún no puede garantizar al 100% que su carne esté «limpia», ya que también se comprometió a acabar en 2025 con la deforestación ilegal asociada al ganado bovino.
PRESIÓN CRECIENTE
Los especialistas, no obstante, consideran que las empresas caminan en la buena dirección. Un ejemplo de buenas prácticas se da en el caso de la madera, sector que fue pionero con la creación del sello internacional FSC, que funciona como una herramienta de presión. En la Amazonía todavía se usa poco, lo que hace que los importadores extranjeros no se fíen del todo. En 1998, Brasil exportaba el 14 por ciento de su producción; diez años después, el nueve por ciento.
Para el gerente forestal de la ONG Imaflora, Leonardo Sobral, la presión de los gobiernos y empresas europeas en las últimas décadas fue uno de los factores que redujo las exportaciones de madera brasileña: «Puede ser por miedo a comprar madera asociada a la deforestación ilegal y los incendios», dice a Sputnik.
Según Sobral, alrededor del 50 por ciento de la madera que sale de los estados de Pará (norte) y Mato Grosso (centro-oeste) tuvo «algún tipo e ilegalidad». Precisamente estos dos estados no aportan sus informaciones a la base de datos del gobierno y suelen liderar los ránkings de deforestación. «Cualquier empresa está expuesta a ese riesgo de comprar madera ilegal», lamentó.
«La mayor dificultad en el rastreo de la cadena está en el origen. Hay que aumentar los controles, hacer una fiscalización más efectiva… Un porcentaje muy bajo de las multas acaba cobrándose, hay que ser más rigurosos y mejorar la tecnología», resumió.
EL ACTUAL GOBIERNO NO AYUDA
Llegamos así a un punto decisivo: las buenas prácticas de las empresas más responsables no sirven de nada si las autoridades hacen la vista gorda ante los delitos ambientales e incentivan a quienes incumplen la ley.
Entre abril de 2019 y agosto de 2020, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama, la policía ambiental de Brasil) no cobró ninguna multa por delitos ambientales. En parte se debe a la deshidratación del cuerpo técnico del Ibama, que está bajo mínimos, y a la creación de los llamados «núcleos de conciliación», que en la práctica funcionan como un escudo de protección para las empresas.
En el Gobierno de Jair Bolsonaro predomina la visión de que las leyes ambientales son un obstáculo para el crecimiento económico. Especialistas, empresarios, ecologistas y movimientos indígenas culpan a este discurso y a la dejadez en los controles de la deforestación récord de los últimos años.
Entre julio de 2019 y agosto de 2020 (el periodo anual que mide el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, Inpe) las alertas por deforestación aumentaron un 34,5 por ciento: las imágenes vía satélite detectaron 9.250 kilómetros de selva arrasada. La gran mayoría de ese territorio dará lugar a pastos para el ganado y plantaciones de soja y otros cultivos. Saber qué parte de esos productos acaba vendiéndose por todo el mundo seguirá siendo una ardua tarea.
