«Vencimos los prejuicios (…), le quiero decir al presidente, Carlos Alvarado, que por favor no le haga más daño a Costa Rica, que no vete esta ley ni parcialmente, que está más que comprobado que este proyecto traerá beneficios para toda la ciudadanía», ha defendido la diputada del Partido Liberal Nacional Karine Niño.
Por su parte, una de las impulsoras de la iniciativa, la diputada independiente Zoila Volio, quien ha pedido al presidente Alvarado que respete el sentir mayoritario del Congreso y no vete la norma, tal y como dejó entrever días antes cuando señaló que el texto sería «revisado» con las autoridades de Salud antes de tomar una decisión. «Eso es lo que nos corresponderá hacer», zanjó, cuenta el diario costarricense ‘La Nación’.
En esa línea han ido las declaraciones de la diputada de Restauración Nacional Mileyde Alvarado, quien confía en que el ministro de Salud, Daniel Salas, y el presidente Alvarado, «pongan precisa atención al Artículo 26 donde es importante que este cultivo doméstico sea eliminado dentro del proyecto de ley», en referencia al punto de la norma que permite plantar plantas a las personas acreditadas como paciente en una cantidad limitada.
La normativa reserva el 40 por ciento de las licencias de cultivo para pequeñas empresas agrícolas, cooperativas y de producción a baja escala, lo que favorecía, según sus partidarios, la creación de nuevas pequeñas empresas y puestos de trabajo. Los posibles productores deberán registrarse y facilitar información acerca de sus actividades a las autoridades, mientras que el Ministerio de Agricultura será el encargado de regular el mercado del cáñamo y el de Salud, el del cannabis para fines medicinales y terapéuticos.
