Un manifestante ondea la bandera de Colombia en las marchas del Paro Nacional. - Maria Jose Gonzalez Beltran/Long / DPA
La afectación no se limita solo a los programas financiados directamente por la agencia estadounidense, sino que también impacta iniciativas respaldadas por organismos multilaterales como Naciones Unidas, poniendo en riesgo el acceso a derechos fundamentales de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
EEUU ha sido históricamente uno de los mayores financiadores de programas en Colombia relacionados con la paz, el desarrollo rural, la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos.
Su retirada afecta directamente a iniciativas clave en la reincorporación de excombatientes, la asistencia legal a víctimas del conflicto y la protección de comunidades en riesgo.
Un extrabajador de Opción Legal, programa financiado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pero que se vio afectado por los recortes económicos que desencadenaron un reajuste administrativo y varios despidos dentro de la organización, habló con la Agencia Sputnik sobre las consecuencias de esta decisión.
«El proyecto que actualmente se encuentra afectado se llama Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional y Víctimas del Conflicto Armado. Es un proyecto que lleva aproximadamente unos 15 o 20 años ejecutándose con financiación directa de ACNUR», explicó.
En particular, la interrupción de fondos ha frenado la contratación de coordinadores y auxiliares en 32 universidades del país, afectando la prestación de servicios a más de 10.000 personas.
«Nos informaron que había quedado suspendida toda la contratación por orden de ACNUR», relata.
El retiro de financiamiento no solo afecta a las instituciones ejecutoras, sino también a las comunidades que dependen de estos programas para acceder a servicios básicos.
La suspensión del Programa de Asistencia Legal ha dejado a miles de personas sin acceso a asesoría jurídica en la defensa de sus derechos.
«Solo con el proyecto de consultores jurídicos, unas 80 personas quedaron sin trabajo», asegura el entrevistado.
Además, la crisis humanitaria generada por la migración venezolana también se agrava con la retirada de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid, por sus siglas en inglés).
«Los puntos visibles que facilitaban la expedición del permiso por protección temporal fueron cerrados», señala el entrevistado.
La respuesta del Gobierno colombiano ante esta situación ha sido limitada, lo que ha generado incertidumbre entre las organizaciones afectadas.
Hasta el momento, no se ha anunciado un plan de contingencia para mitigar los efectos de la suspensión de fondos por parte de Washington.
Desde la comunidad internacional, se espera que organismos multilaterales como Naciones Unidas busquen alternativas de financiamiento.
Sin embargo, el impacto de la retirada de estas ayudas podría ser difícil de mitigar en el corto plazo.
El docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, Manuel Alejandro Rayran Cortés, destacó a esta agencia que tras la retirada de la Usaid, muchos programas de otras organizaciones se vieron afectados.
«En Colombia, esto no impactó únicamente a Usaid, sino también a la ONU y otros programas que han tenido que reestructurarse administrativamente», explicó.
Para el experto, la crisis representa una oportunidad para replantear el modelo de cooperación internacional de Colombia.
«Creo que Colombia tendría que replantear su enfoque de cooperación e impulsar, principalmente, una cooperación Sur-Sur. Es decir, fortalecer alianzas entre países del Sur Global para compartir experiencias y buscar los recursos que tanto necesitamos. Ese sería el primer paso», sostiene.
Asimismo, considera que el país debe reconocer la importancia de financiar con recursos propios iniciativas que hasta ahora dependían de la cooperación internacional.
«Es necesario que el país y sus entidades, como APEC Colombia y otras relacionadas con el desarrollo local y la cooperación, redefinan sus estrategias para no depender exclusivamente de los fondos del Norte Global», añade.
Rayran Cortés subraya que la cooperación Sur-Sur puede ser clave para Colombia, ya que «los países que comparten estas características tienen historias similares, enfrentan asimetrías de poder y han superado desafíos que podrían servirnos de ejemplo».
El experto también destaca que este episodio reafirma que «EEUU no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses. A partir de esto, Colombia debe plantearse una política exterior más pragmática».
El país ya ha comenzado a diversificar sus relaciones internacionales, acercándose a iniciativas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, impulsada por China.
Sin embargo, Rayran Cortés advierte que «(el presidente de EEUU, Donald) Trump ha dejado claro que no considera aliados históricos y estructurales al momento de tomar decisiones, sino que trata a cada país según su conveniencia».
Esto podría impactar directamente sectores estratégicos de la economía colombiana, agrega.
«Colombia podría pasar de ser un aliado estratégico (de EEUU) a ser tratado como un país más, sujeto incluso a sanciones unilaterales si así lo decidiera EEUU. Esto podría afectar elementos económicos clave, como el Tratado de Libre Comercio con EEUU, lo que traería consecuencias directas para diversos sectores empresariales en el país», explica el especialista.
La decisión del Gobierno de Trump de suspender la ayuda a Colombia representa un golpe significativo para la cooperación internacional y para miles de personas que dependen de estos programas.
Ante este panorama, es crucial que el Gobierno colombiano busque mecanismos de mitigación para garantizar la continuidad de los proyectos en riesgo.
Asimismo, la comunidad internacional deberá evaluar alternativas para evitar que miles de personas queden sin acceso a servicios esenciales.
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