Tras más de tres décadas de espera, Colombia saca adelante una ambiciosa reforma laboral que busca corregir desigualdades históricas en el mundo del trabajo. La aprobación del texto conciliado entre Congreso y Senado representa un hito para el Gobierno de Gustavo Petro, que ha decidido retirar la consulta popular prevista para presionar la aprobación legislativa. La ley incluye medidas clave que benefician a trabajadores, aprendices y refuerzan la estabilidad laboral.
El nuevo texto aprobado por el Legislativo modifica aspectos fundamentales del mercado laboral colombiano. Entre los principales cambios se encuentra el inicio de la jornada nocturna, que se adelantará a las 19:00 horas, ampliando el tiempo considerado como trabajo nocturno, lo que implica mayores compensaciones salariales para quienes trabajen en ese horario.
Además, se establece un recargo dominical y festivo del 100% —actualmente en el 75%— que será implementado de forma progresiva hasta el año 2027. Esta medida representa una reivindicación histórica de los sindicatos.
En el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), los aprendices recibirán 75% del salario mínimo en el primer año de formación y el 100% en el segundo, además de tener acceso a todas las prestaciones sociales como cualquier otro trabajador. Las empresas que no contraten a sus aprendices verán incrementada su cuota de aprendizaje, que será reinvertida en programas educativos y de emprendimiento rural.
Gana terreno el contrato indefinido como modalidad principal de contratación, aunque se mantendrán figuras como el contrato a término fijo y por prestación de servicios.
El presidente Gustavo Petro celebró la aprobación del texto como un triunfo del «poder soberano» del pueblo y anunció la derogación del decreto que convocaba a una consulta popular. La medida fue planteada tras el rechazo inicial del Senado, aunque finalmente el texto fue aprobado en el último día de la legislatura.
Petro utilizó las redes sociales para reafirmar su postura: «Dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria».
El mandatario había impulsado la consulta popular tras un polémico rechazo en el Senado en mayo, que fue cuestionado por el Gobierno por presunto fraude en la modificación del voto de un senador opositor.
En paralelo al anuncio sobre la reforma, Petro ha revelado que en las próximas elecciones se incluirá una papeleta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de integrar los Acuerdos de Paz de La Habana y posibles pactos con el ELN en una renovada Carta Magna.
El jefe del Estado sostiene que es hora de construir una nueva democracia profunda y con justicia social, mientras que la oposición, encabezada por la senadora Paloma Valencia, ha acusado a Petro de intentar «torpedear el orden constitucional» y ha recordado que ya existen mecanismos legales para iniciar un proceso constituyente.
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