El presidente de Panamá, José Raul Mulino / Foto: Europa Press - Contacto - Daniel Gonzalez
La tensión en Panamá aumenta a medida que el conflicto social encabezado por los gremios docentes se radicaliza. Mientras el Gobierno responde con fuerza y suspensiones constitucionales en Bocas del Toro, los educadores insisten en el diálogo como única salida posible a la crisis desatada por la reforma de la Caja de Seguro Social.
El presidente José Raúl Mulino cerró la puerta a cualquier negociación sobre la ley 462, desatando la indignación de los sindicatos del magisterio. El mandatario calificó los intentos de diálogo como “una pérdida de tiempo” y auguró que “los trabajadores se cansarán de marchar”. La respuesta fue inmediata.
El dirigente de Asoprof, Fernando Ábrego, declaró que la huelga continuará «indefinidamente» y acusó a Mulino de ser el principal responsable de polarizar la sociedad. “El discurso del presidente es lamentable”, afirmó, subrayando que la reforma condena a los trabajadores a recibir pensiones de hambre.
La reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social es vista por los docentes como una amenaza directa a su futuro laboral y previsional
Además del magisterio, al paro se han sumado trabajadores de la construcción, empleados de Chiquita Panamá, gremios de salud y pueblos originarios. La presión social se intensifica en todo el país, aunque con mayor fuerza en las provincias del interior.
A pesar de la radicalización, los gremios docentes reafirmaron este viernes su compromiso con el diálogo. «Es la vía que reclama el país», dijo Ábrego, destacando el respaldo recibido de la empresa privada, la Iglesia y sectores parlamentarios.
La búsqueda de una salida negociada sigue presente en los discursos sindicales, a pesar del endurecimiento gubernamental
Desde el 14 de junio, la provincia de Bocas del Toro se ha convertido en el centro neurálgico de las protestas. El despliegue de 1.500 policías ordenado por Mulino para desbloquear vías ha desatado una fuerte represión denunciada por la población local.
Durante los enfrentamientos se ha reportado al menos un fallecido en circunstancias aún no esclarecidas, lo que ha incrementado las críticas contra el Gobierno. La Presidencia denunció “infiltración de grupos radicales” y hechos violentos como saqueos, incendios y la toma de un aeropuerto.
La muerte de un manifestante y las denuncias de violaciones a los derechos humanos marcan un nuevo punto de quiebre en la crisis panameña.
Ante la escalada del conflicto, el Consejo de Gabinete decretó este viernes estado de urgencia en Bocas del Toro, suspendiendo las garantías constitucionales en la región. La medida se justifica, según el Ejecutivo, por la necesidad de restablecer el orden frente a actos “vandálicos” y “sistemáticos” cometidos por encapuchados.
El comunicado oficial advierte que el Estado «hará valer su mandato constitucional» para proteger los derechos de la mayoría. Sin embargo, la decisión ha sido vista por sectores sociales como una señal de autoritarismo y de cerrazón frente a las demandas ciudadanas.
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