«Hoy presentamos al Congreso una iniciativa que busca reponer la posibilidad de expulsión administrativa a extranjeros condenados por la Ley 20.000 (Ley de Drogas)», señaló en conferencia de prensa la ministra de Justicia, Marcela Ríos, desde la ciudad de Iquique (norte).
La secretaria de Estado explicó que la medida apunta, principalmente, a descongestionar las cárceles del país, y puso el ejemplo del penal de Alto Hospicio (norte).
«En esta cárcel tenemos la concentración más grande de población migrante», señaló, dando un discurso en las inmediaciones del penal.
La iniciativa establece que los migrantes expulsados no podrán regresar a Chile por diez años, y además dispone que, de volver, deberán cumplir pena efectiva en una cárcel local.
«Este proyecto solo incorpora delitos contenidos en la Ley de Drogas por condenas menores a cinco años, porque sabemos que estas personas con condenas bajas son generalmente mujeres, que son utilizadas para traer droga, pero no necesariamente son las que están a cargo de las bandas y tampoco tienen antecedentes de otros delitos», afirmó Ríos.
Actualmente, los extranjeros solo pueden ser expulsados por tráfico de drogas a través de una resolución judicial (un trámite más largo que la expulsión administrativa del Ejecutivo), y según cifras del Ministerio de Justicia, en los últimos diez años han sido expulsados 10.000 migrantes por este tipo de ilícitos.
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