Así, según el estudio de Ipsos, cuatro de cada cinco personas encuestadas consideran que la Constitución debía reformarse independiente de si se rechazaba el proyecto y solo un 13 por ciento cree que la Carta Magna redactada durante los últimos coletazos de la dictadura de Augusto Pinochet debe mantenerse sin cambios.
Sin embargo, hay disparidad de opiniones sobre el mecanismo para lograr un nuevo texto constitucional: el 39 por ciento apoya la convocatoria de un nuevo plebiscito para que sea la ciudadanía la que elija el mecanismo, mientras que el 30 por ciento cree que deben ser las fuerzas políticas las que elijan la fórmula. La vía constituyente acusa el desgaste del ‘rechazo’ y solo el 24 por ciento cree que es necesario iniciar un nuevo proceso constituyente.
En cuanto al organismo que sería responsable de la redacción del nuevo texto, el 41 por ciento aboga por una «comisión de expertos»; el 26 por ciento apuesta por una Convención Mixta con parlamentarios y nuevos constituyentes, de los ya electos o resultado de una nueva votación; el 15 por ciento defiende una nueva convención electa en votación y el 11 por ciento se inclina por el Congreso.
La encuesta pregunta además por los peores y mejores aspectos del texto constitucional que finalmente ha sido rechazado. Respecto a los primeros, la población cita los sistemas de Justicia y Derecho de Propiedad, mientras que entre los segundos figura el Sistema Nacional de Salud, de Seguridad Nacional y de Educación.
«Hay un consenso general que el texto constitucional debe ser cambiado. Lo que manifestó la ciudadanía el día de ayer es su disconformidad específicamente con la propuesta de la Convención Constitucional», ha afirmado la gerente de Estudios de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda.
«La interrogante a resolver es cómo avanzar en cambiar la actual constitución. Al día de hoy resulta más confiable para las personas la idea de convocar a grupos de expertos, ya sea una comisión de expertos o convención mixta», ha añadido.
«Pero instituciones poco reputadas ciudadanamente, como el Congreso o como una nueva Convención Constitucional electa, no estarían teniendo la legitimidad necesaria para enfrentar un nuevo proceso», ha advertido.
«En el actual escenario se va a requerir de una clase política capaz de dialogar y llegar a consensos por el bien del país», ha remachado Ojeda.
