«Amnistía Internacional tuvo acceso a las cifras de la Fiscalía Nacional en donde se muestra que, hasta el 17 de octubre de 2022, de los 10.936 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el estallido social, únicamente existen 130 casos formalizados, 206 personas imputadas y 16 condenas», dice el informe.
La organización advierte que las investigaciones lentas y las muy pocas condenas dan un diagnóstico de impunidad en el país.
Amnistía Internacional presentó el informe junto al Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos.
El texto, denominado Reparación integral de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social, analiza las medidas adoptadas por el Estado de Chile a tres años y medio de la revuelta, junto a las deudas pendientes.
El documento, que contiene datos hasta diciembre de 2022 respecto a programas de apoyo, pensiones de gracia otorgadas y procesos de investigación contra los victimarios, apunta a la necesidad de crear una política pública de reparación integral frente a violaciones de derechos humanos en el estallido social.
CONCLUSIONES
En sus conclusiones, Amnistía recuerda que las personas que sufrieron la afectación de sus derechos fundamentales en el contexto del estallido social como consecuencia de la actuación de agentes del Estado, deben ser consideradas como víctimas, «por tanto, se entiende que son titulares del derecho a la reparación integral y el Estado está obligado a cumplir con este derecho».
En la elaboración de una política integral de reparación la organización llama a considerar diversos aspectos, como: establecer e implementar mecanismos que permitan la participación de las víctimas, puesto que esto le otorga una mayor legitimidad al proceso y al resultado; identificar el tipo de violaciones a los derechos humanos que activarán la procedencia de los mecanismos de reparación, así como determinar con claridad y precisión los criterios para la calificación de las víctimas y las personas beneficiarias de las medidas de reparación.
También pide que se determinen las medidas de reparación que procederán y las fuentes de financiación.
Finalmente, señala que es necesario «que el Estado de Chile se haga cargo de adoptar garantías de no repetición que fueron recomendadas por diversos organismos internacionales, destacando especialmente la necesidad de la reforma profunda a Carabineros, que revise entre otras cosas, su doctrina, su normativa interna, su naturaleza militar y sus procesos formativos».
«También es necesario que se avance en la regulación legal del uso de la fuerza, una normativa sobre el uso de las armas menos letales que sea acorde a los estándares de derechos humanos y una regulación legal del derecho de reunión», concluye el documento.
El estallido social fue un movimiento de protestas ciudadanas originado el 18 de octubre de 2019 contra el sistema económico neoliberal, el Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera (2018-2022) y la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dando origen al actual proceso constituyente.
