La apertura de la investigación se produce después de la aprobación por parte de la jueza del Tribunal Supremo brasileño Rosa Weber, a petición de la Fiscalía, y tratará de determinar si Bolsonaro «tomó medidas» cuando fue informado de las irregularidades que existían en el contrato de compra de las vacunas Covaxin, según recoge ‘O Globo’.
La prevaricación supone que un funcionario público es informado de una irregularidad y no emprende acciones para que ésta pueda ser investigada o sancionada.
El origen de la investigación está en unas afirmaciones del diputado federal Luis Miranda, quien asegura que avisó al presidente sobre las irregularidades en la negociación del contrato, que finalmente hizo que la vacuna fuera comprada mucho más cara que otros biológicos.
Tras las últimas revelaciones en la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia, la Fiscalía de Brasil abrió una investigación criminal sobre la compra de vacunas de Covaxin. El Gobierno brasileño tenía en marcha un contrato con Need Medicines, representante en el país del laboratorio indio Bharat Biotech, para la compra de 20 millones de dosis del inmunizador.
Ahora se ha señalado a posible corrupción en el proceso, después de una denuncia de Miranda y su hermano, Luis Ricardo Miranda, sobre las negociaciones para la compra de Covaxin, un proceso que habría conllevado «presiones atípicas».
