A pesar de que dicho ataque no supuso, según el TSE, ningún riesgo para el buen funcionamiento de las presidenciales de 2018, Bolsonaro utilizó dicha investigación para poner en cuestión las urnas electrónicas, como parte de la particular cruzada que desde hace unos meses está llevando a cabo para cuestionar la credibilidad de las próximas elecciones.
Sin embargo, Bolsonaro no ha sido acusado por la Policía puesto que dispone de estatus especial y por tanto depende ahora de la Fiscalía General iniciar o no acciones legales contra el presidente, así como contra el diputado Filipe Barros, quien también estaba presente cuando se reveló aquella información.
Quien sí ha sido acusado por la Policía por revelación de secretos ha sido el otro participante en aquel directo en redes sociales, el teniente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, quien ejerce como ayudante de la Presidencia.
En su informe, la delegada de la PF, Denisse Dias Rosas Ribeiro, señala que los tres «revelaron datos que conocían debido a su cargo y que deberían haber mantenido en secreto hasta la conclusión de las investigaciones».
Al hacerlo, explica Ribeiro, «causaron daños a la administración» y «vulneraron la confianza de la sociedad en el sistema electoral brasileño y en el TSE, todo con la adesión voluntaria y consciente del propio mandatario de la nación».
La divulgación de estas informaciones hizo que el TSE pidiera una investigación, que actualmente está en manos del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, quien pidió sin éxito la comparecencia de Bolsonaro.
Sin embargo, la decisión de Bolsonaro de no prestar declaración la semana ante el Supremo no ha impedido, ha destacado Ribeiro, «esclarecer los hechos», según ha señalado en su informe, informa el diario ‘O Globo’.
Anteriormente, el presidente del TSE, el juez Luís Roberto Barroso, ha denunciado aquella filtración sirvió para que «milicias digitales» y piratas informáticos pusieran peligro el sistema de seguridad del organismo.
