Al exponer la postura de la Procuradoría, el fiscal general Augusto Aras explicó que la Constitución reconoce los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los indígenas y que el «marco temporal» «no sería exigible».
«Este procurador manifiesta estar de acuerdo con que se aparte el ‘marco temporal'», afirmó.
La tesis del «marco temporal» argumenta que para que los indígenas puedan reivindicar el derecho a ocupar un territorio concreto primero deben demostrar ante el Estado que estaban ocupando esa tierra en octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución.
Los indígenas son contrarios a esa idea porque dificultaría mucho el proceso de demarcación, y recuerdan que históricamente las comunidades nativas fueron sometidas a desplazamientos forzosos, por lo que no es posible tomar un año concreto como referencia.
Según el procurador, «por razones de seguridad jurídica, la identificación y delimitación de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas debe hacerse en cada caso concreto, aplicándose a cada hecho la norma constitucional vigente en su tiempo».
De esta forma, Aras contraria la postura del Gobierno de Jair Bolsonaro, que es favorable a la tesis del «marco temporal», en línea con los intereses del sector agrícola y ganadero.
La deliberación del Tribunal Supremo fue aplazada en repetidas ocasiones y está previsto que continúe la semana que viene.
En los últimos días, miles de indígenas de todo Brasil acamparon en Brasilia para presionar a los jueces para que declaren la inconstitucionalidad del «marco temporal».
