La iniciativa fue enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter urgente en materia económica y se debate en el Parlamento unicameral.
Una cláusula incorporada tras el primer debate permitiría la extracción de materiales de construcción en un territorio donde el 97% está protegido como parque nacional
El archipiélago está considerado uno de los entornos naturales más frágiles del planeta y fue clave para la teoría de la evolución formulada por Charles Darwin en 1859.
Pérdida de hábitat y biodiversidad
Íñiguez, doctora en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent, explicó que la extracción de materiales pétreos implicaría la remoción de cobertura vegetal y suelo, lo que destruiría hábitats donde viven especies endémicas y nativas.
Las zonas áridas de Galápagos corresponden a ecosistemas de bosque seco que albergan pequeñas lagartijas y otras especies adaptadas a condiciones muy específicas.
La legisladora advierte de que la remoción del suelo y la vegetación podría afectar directamente a especies endémicas que dependen de ecosistemas de bosque seco
Riesgos para el agua y el suelo
El segundo recurso en riesgo sería el hídrico. Según la parlamentaria, la minería pétrea puede afectar la calidad del agua superficial y subterránea, tanto por la sedimentación derivada de la extracción como por posibles filtraciones de combustibles utilizados en la maquinaria.
Además, las excavaciones provocarían degradación del suelo, con pérdida de nutrientes y dificultades para la regeneración natural de la vegetación.
La actividad extractiva podría impactar en la calidad del agua y dificultar la recuperación natural de la flora del archipiélago
Críticas al modelo de desarrollo
La asambleísta cuestionó la práctica conocida como “montañas rotas”, utilizada para extraer granillo y arena en zonas erosionadas, y la calificó como un método “arcaico” incompatible con los principios de sostenibilidad.
También advirtió del crecimiento de la mancha urbana y del aumento del denominado turismo de tierra, que incrementa la demanda de infraestructuras dentro de las islas.
Íñiguez sostiene que ampliar la extracción local evidencia falta de innovación en materiales sostenibles y agrava los problemas de gestión ambiental
Posible recurso ante la Corte Constitucional
Íñiguez adelantó que, si se aprueba la norma, podría ser impugnada por vulnerar los derechos de la naturaleza, reconocidos en la Constitución ecuatoriana de 2008.
A su juicio, aunque la prohibición expresa se centra en minería metálica en zonas frágiles, la minería pétrea también podría afectar de forma significativa a un ecosistema único y protegido.
El debate legislativo continúa mientras sectores ambientales y políticos analizan el alcance de la cláusula incorporada al proyecto.
