Estados Unidos volverá a tensionar su relación comercial con Brasil tras el anuncio de una subida arancelaria histórica. A partir del 6 de agosto, todas las importaciones del país sudamericano tendrán un gravamen del 50%, salvo en sectores estratégicos que han sido expresamente excluidos. La Casa Blanca justifica la medida como una respuesta política al juicio contra Jair Bolsonaro, en un movimiento que combina economía y geopolítica.
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Embraer, gran beneficiada de las excepciones
Pese al anuncio de aranceles masivos, el texto de la orden ejecutiva incluye múltiples excepciones. Entre ellas destaca la aviación civil, una cláusula que excluye los aviones y componentes producidos por Embraer, el gigante aeronáutico brasileño con cientos de pedidos en el mercado estadounidense.
Esta exención tuvo un impacto inmediato en los mercados. Las acciones de Embraer subieron con fuerza en la Bolsa de São Paulo, reflejando la tranquilidad de los inversores ante el riesgo arancelario que finalmente no se materializó para la firma.
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Productos estratégicos quedan fuera del arancel
Además de la aviación, también quedaron fuera del aumento arancelario productos como el jugo de naranja, el acero, la madera y la celulosa. La exclusión de estos bienes refleja el peso que estos sectores tienen en la economía de ambos países y en el comercio bilateral.
Originalmente, los aranceles debían entrar en vigor el 1 de agosto, pero finalmente la Casa Blanca retrasó la medida hasta el 6 de agosto, en un intento por suavizar su impacto inmediato.
Una respuesta a la situación judicial de Bolsonaro
La decisión de Trump no responde únicamente a criterios económicos. Según la Casa Blanca, el incremento arancelario es una reacción directa a la situación judicial de Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
La administración estadounidense criticó duramente al juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, y lo acusó de ejercer “censura” al intentar frenar la difusión de noticias falsas en redes sociales, lo que, según Washington, afecta directamente a las grandes tecnológicas del país.
