El anuncio de un arancel del 50% sobre productos brasileños por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, ha activado una respuesta diplomática y económica en Brasil. Aunque el Gobierno de Lula mantiene su voluntad de negociación bilateral, el Ministerio de Hacienda trabaja en una serie de contramedidas estratégicas que podrían afectar directamente a las grandes tecnológicas y farmacéuticas estadounidenses.
Según el diario O Globo, el Ministerio de Hacienda brasileño baraja la imposición de un impuesto específico sobre servicios digitales para empresas tecnológicas con grandes volúmenes de ingresos. Este tributo tendría una estructura progresiva, aplicando tasas diferenciadas según el volumen de ingresos generados en el país.
Brasil busca mecanismos fiscales para equilibrar la balanza comercial y digital frente al avance de las plataformas estadounidenses en su territorio
El objetivo sería compensar el impacto de los aranceles de EEUU y proteger el ecosistema digital brasileño, que se ve dominado por multinacionales como Google, Amazon, Meta y Apple.
Otra posibilidad mencionada por O Estado de S. Paulo es terminar con la concesión de licencias de patentes para medicamentos de origen estadounidense. Esta medida, que afectaría directamente al sector farmacéutico, se plantea como una respuesta estratégica de presión dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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Esta posibilidad ha generado preocupación en la industria médica y entre inversores, aunque por ahora no hay una decisión formal al respecto.
En la lista de medidas publicadas por la prensa también aparece la limitación del pago de dividendos de empresas estadounidenses con operaciones en Brasil. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, negó rotundamente esta posibilidad a través de su cuenta oficial en X, asegurando que «no está bajo consideración» como represalia ante los aranceles.
A pesar del endurecimiento del tono, el Gobierno brasileño insiste en que aún apuesta por la vía diplomática. Según fuentes del Ejecutivo, se están llevando a cabo conversaciones con la Administración Trump para intentar revertir la aplicación de los aranceles, que entrarían en vigor el 1 de agosto.
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Brasil considera que el uso de la política comercial como herramienta de presión política vulnera los principios del comercio internacional, y evalúa presentar una queja formal ante la OMC si no hay avances en las conversaciones.
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