La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte
La situación judicial de Dina Boluarte, presidenta de Perú, vuelve a estar en el foco tras la decisión de la Fiscalía de investigar un presunto aporte económico no declarado a su campaña electoral de 2021.
La pesquisa, aún en etapa preliminar, apunta al financiamiento de actividades proselitistas con dinero proveniente del empresario Eduvigis Beltrán, quien ha negado cualquier vínculo con la mandataria. La comparecencia de Boluarte está programada para octubre.
La Fiscalía sostiene que el dinero podría haber sido entregado directamente a Boluarte o por medio de Marcela Saldarriaga Ortiz, sin descartar la participación de otros intermediarios
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha incluido en su investigación preliminar a Dina Boluarte y al empresario Eduvigis Beltrán Salinas, por un supuesto financiamiento ilegal durante la campaña de segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021.
Según detalla el documento fiscal, el 19 de mayo de 2021 se habría producido una reunión en la que el empresario se comprometió a aportar 150.000 soles (más de 36.000 euros) para cubrir los gastos de una batucada que acompañaría las actividades proselitistas de Boluarte, entonces candidata a la vicepresidencia por el partido Perú Libre.
La presidenta será interrogada por su presunta participación en la recepción de fondos no registrados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que podría constituir una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas
Como parte del proceso, el fiscal Ángel Astocondor ha programado la declaración de Dina Boluarte para el próximo 14 de octubre de 2025, así como la de otros implicados. La mandataria, en la fecha de los hechos, no contaba con fuero presidencial, lo que habilita legalmente la investigación.
Por su parte, Eduvigis Beltrán ha negado cualquier vínculo con Boluarte, asegurando que no la conoce personalmente y que jamás realizó donación alguna a su campaña. Su testimonio será clave para determinar si existen pruebas que sustenten la hipótesis del fiscal.
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