La decisión fue tomada el martes y se ha hecho oficial este miércoles al recogerse en el Diario Oficial de la Unión, según recoge la prensa brasileña. Sin embargo, el Congreso de Brasil tiene la capacidad de anular el veto presidencial.
El proyecto, denominado Ley Paulo Gustavo en honor al actor brasileño fallecido a causa del coronavirus en mayo de 2021, fue aprobada por la Cámara de Senadores en marzo, tras recibir modificaciones por parte del Congreso de Diputados.
De total de fondos económicos que se preveía destinar al sector cultural, la mayoría irían a parar al ámbito audiovisual, mientras que un porcentaje menor se destinaría para acciones de emergencia del propio sector.
Desde la Presidencia se ha defendido que el veto de Bolsonaro está fundamentado en que el proyecto va en contra del interés público y que «debilitaría las reglas de control, eficiencia, gestión y transparencia» para la auditoría de los recursos federales.
Además, se ha argumentado que el proyecto «implicaría un perjuicio desde el punto de vista fiscal» para otras áreas como la Salud, Educación o las inversiones públicas.
La Ley Paulo Gustavo ya había despertado las críticas de diputados afines a Bolsonaro, quienes veían en el proyecto una maniobra «inconstitucional» y anunciaron que trabajarían para que fuese vetada.
