Indiferencia: es así como Bolsonaro reaccionaba ante las señales de alerta que le ofrecía Mandetta a principios de marzo del año pasado, cuando el coronavirus asomó la pata en tierras brasileñas.
El exministro le advirtió de que si no se tomaban medidas firmes Brasil podría contar 180.000 cadáveres en los meses siguientes (ahora ya suma más de 400.000). Bolsonaro no mostró mucho interés ante esas previsiones, según explicó Mandetta en su comparecencia en la comisión del Senado que investiga los posibles delitos cometidos por el Gobierno.
Las revelaciones del exminisitro, quien respondió durante siete horas a las preguntas de los senadores, no sorprendieron a nadie. Sus enfrentamientos con las posturas negacionistas de Bolsonaro eran públicas y notorias, pero de alguna forma confirmó las tesis de que la postura del Gobierno contraria a las restricciones, no tenía que ver con desconocimiento o ingenuidad: era un proyecto.
«El objetivo era alcanzar la soñada inmunidad de rebaño lo más rápidamente posible, por eso se estimulaban las aglomeraciones», explicó Mandetta, que también reveló presiones para que se cambiara la bula de la cloroquina y que pasara a ser recomendada para pacientes con covid-19.
Esta droga no tiene eficacia comprobada contra el covid-19, pero durante meses Bolsonaro la defendió como una solución mágica para salvar al país sin tener que cerrar la economía. El Ejército gastó mucho dinero fabricando cantidades ingentes de esta sustancia, una obsesión que acabó costando la cabeza del sucesor de Mandetta en el cargo, Nelson Teich.
Cuando Mandetta fue destituido por el presidente, Teich, un médico discreto de pocas palabras, se propuso reconducir la situación. No lo consiguió. Aguantó en el cargo menos de un mes. El miércoles, en su comparecencia en el Senado explicó que dimitió porque no estaba de acuerdo con la defensa de la cloroquina y porque no tenía autonomía.
Las confesiones de los dos revelaron que Bolsonaro prácticamente tenía un Ministerio de la Salud paralelo, un consejo formado por sus hijos (siempre tan influyentes), médicos de dudoso prestigio, militares y todo tipo de asesores estrambóticos que decían al presidente lo que quería oír.
No eran simples consejeros. De este núcleo salió la propuesta de alteración de la bula de la cloroquina o la orden que determinara que el Ejército la empezara a producir a gran escala. Todo ello sin el visto bueno del verdadero ministro de Salud.
Las declaraciones de los ministros que tiraron la toalla tras sus forcejos con Bolsonaro son solo el aperitivo de una comisión de investigación con potencial explosivo: este mismo jueves comparece el actual ministro de Salud, Marcelo Queiroga (que apenas lleva unas semanas en el cargo), pero la declaración más esperada es la de Eduardo Pazuello.
Este general del Ejército, que ocupó la silla ministerial entre mayo de 2020 y marzo de este año, fue el perro fiel que buscaba Bolsonaro desde el principio. Presionado por el presidente, llegó a rechazar hasta 11 ofertas de compra de vacunas contra el covid-19. Bajo su gestión, la ciudad de Manaos se quedó sin oxígeno en los hospitales, a pesar de las continuos avisos al ministerio, que respondía mandando cargamentos de cloroquina.
A la larga, puede que pague la lealtad al presidente con la cárcel, por haber estampado su firma en decisiones que van más allá de la polémica y que han costado la vida a miles de brasileños.
El ala militar del Gobierno ya intenta distanciarse de Pazuello para no verse salpicada por sus eventuales tropiezos en las respuestas a los senadores el próximo 19 de mayo, cuando está previsto que comparezca en la comisión del Senado.
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