«Hay confirmaciones de varios sectores, de varias federaciones, de varios dirigentes de trabajadoras y trabajadores gremiales de nuestro país, para asistir a este encuentro con la familia gremial», dijo este viernes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en una declaración difundida por su oficina.
El paro nacional en demanda contra la ley anti lavado se inició el lunes 8, por una convocatoria de sectores de «gremiales» a la que adhirieron comités cívicos de línea derechista agregando demandas de anulación de otras normas, como una ley que contiene un plan quinquenal de desarrollo.
La protesta no alcanzó dimensión nacional en sus primeros días, afectando solo parcialmente a tres de los nueve departamentos (Santa Cruz, Potosí y Tarija), pero desató una dura polémica en la cual el Gobierno acusó a la oposición de intentar una subversión a través de comités cívicos regionales.
RUPTURA CON CÍVICOS
Prada confirmó la invitación al diálogo a los «gremiales», pero no a los comités cívicos, que había sido anticipada el día anterior por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en una iniciativa denunciada por dirigentes regionales como intento de división de la protesta.
La ministra dijo que el Gobierno diferenciaba entre los comités cívicos, a los que acusó como «subversivos», y las organizaciones de comerciantes minoristas, de las que dijo que tenían demandas sobre la ley anti lavado que podían ser objeto de diálogo.
Pradacuestionó particularmente al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz (este), el ultraderechista Rómulo Calvo, quien dijo el viernes que el paro seguiría hasta «la anulación del paquete de leyes malditas del Gobierno» y sería reforzado a partir del fin de semana.
«Lamentablemente este señor habla a nombre de un pueblo que no lo ha elegido en las urnas, ¿de qué legitimidad? ¿de qué legalidad goza?», cuestionó la ministra.
Sobre el acercamiento con los gremiales, Prada dijo que no se reducirá al diálogo del sábado sino que en realidad ya se comenzó con presentaciones de ministros y otras autoridades en mercados y centros comunales para «aclarar» los alcances de la ley anti lavado.
«Como ha dicho el presidente Luis Arce, el Gobierno no ha aprobado ni va a aprobar ninguna medida que afecte a la economía de los mas pobres», aseguró la ministra en una declaración a reporteros.
Paralelamente, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, anunció una reunión con directores de medios de todo el país para debatir lo que consideró «campaña de desinformación» sobre la ley anti lavado, que habría sido uno de los detonantes de las protestas.
