Según la investigación «Ellas alimentan al mundo: tierra para las que la trabajan», siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, acceden a tierras para producir alimentos, pero solo tres son poseedoras legales de esos campos.
El informe fue elaborado en forma conjunta en esos cinco países entre el medio digital feminista LatFem y la organización no gubernamental We Effect, y publicado a principios de este mes.
El trabajo se hizo a través de métodos mixtos de recolección de información como encuestas a casi 2.000 mujeres, grupos focales y entrevistas en profundidad con defensoras ambientales y especialistas de la región.
«El objetivo era conocer la realidad que viven las mujeres rurales, indígenas, campesinas y afrodescendientes», dijo a la Agencia Sputnik la periodista Azul Cordo, coautora de la publicación.
El informe busca conocer en qué situación están estas mujeres, de qué forma tienen acceso a la tierra y al derecho a la alimentación, pero también el impacto de la pandemia de covid-19 y la violencia que sufren, detalló la periodista.
«Uno de los datos principales y más llamativos que encontramos es ese matiz que lo que comprueba es que no somos propietarias de las tierras que trabajamos», añadió Cordo.
Y eso implica, además de estar trabajando la tierra de otro, una inestabilidad que afecta la autonomía económica de estas mujeres.
El informe da cuenta de que las mujeres acceden a la titularidad de las tierras mayoritariamente por herencia, si se muere el padre -aunque antes que ellas siempre van los hermanos varones-, o si quedan viudas.
También muestra que pueden acceder a trabajar la tierra a través de alquileres o préstamos.
En el caso de los alquileres, las mujeres suelen acceder a tierras con condiciones bastante improductivas, que ellas mejoran con producción agroecológica y trabajo. Sin embargo, cuando los dueños ven ese cambio no renuevan el alquiler en la siguiente zafra y es un volver a empezar, reseña la investigación.
Cordo explicó que uno de los principales resultados del trabajo es mostrar que casi no existen políticas públicas integrales y con perspectiva de género en la región para abordar este tema.
MÁS DIFÍCIL PARA ELLAS
La lucha por el acceso a la tierra en América Latina y el Caribe es histórica.
«Se trata de uno de los principales conflictos socioambientales, económicos y políticos que se dirimen en los territorios de esta región, la más desigual del mundo en distribución de la tierra y en muchas otras dimensiones», dice el informe.
Si bien el problema del acceso a la tierra para los pueblos originarios, indígenas y campesinos es general y afecta a varones y mujeres, es más difícil para ellas porque las pocas políticas que existen están dirigidas a que por defecto primero accedan los hombres a ser titulares de los terrenos.
También está el tema de la invisibilización del trabajo de las mujeres rurales.
En algunos países todavía está muy presente la idea de que el hombre es el dueño de la tierra y quien tiene más poder económico, pero también físico, como para trabajarla.
Sin embargo, suelen ser las mujeres quienes se encargan de la «milpa», el sistema de agricultura de las comunidades campesinas para cultivos sustentables, que es la unidad mínima para producir alimentos para la población local y la familia, explicó Cordo.
Son ellas quienes garantizan el alimento para el autoconsumo y eso queda invisibilizado, reflexionó.
Para las mujeres, además, es más difícil que para los hombres acceder a planes de crédito u otros tipos de programas por las condiciones que piden: garantías de ingresos mínimos, tener alguna propiedad a su nombre, entre otras que ellas no van a poder cumplir.
ACTIVISMO DE ALTO RIESGO
El informe también aborda la violencia a la que estas mujeres muchas veces se ven expuestas por su rol de defensoras de la tierra y de los territorios, como amenazas, hostigamientos, criminalización y desplazamientos forzados, entre otras, incluida la violencia sexual, «lo que convierte su activismo socioambiental en luchas de alto riesgo».
Respecto al impacto de la pandemia, la investigación revela que 57 por ciento de las mujeres consultadas dijo haber tenido dificultades en el acceso a alimentos y lo resolvió por cuenta propia o junto a su comunidad, mientras que siete por ciento acudió a autoridades para solicitar apoyo y 17 por ciento aún continúa sin resolverlo.
Cordo destacó la organización de las mujeres para garantizar la alimentación de sus familias y comunidades ante la falta de repuestas de los gobiernos.
«En conjunto y en red han podido darse respuesta incluso en momentos difíciles como la pandemia», consideró la periodista, y añadió que muchas mujeres se sumaron a organizaciones en el marco de la emergencia sanitaria.
Finalmente, el informe destaca que todas estas mujeres utilizan la agroecología como técnica y metodología para trabajar la tierra de una forma productiva y sana que demuestra que no es necesario seguir profundizando el modelo más contaminante: el de los agrotóxicos.
