El Senado argentino debate una ley de emergencia económica propuesta por el presidente Alberto Fernández, en Buenos Aires, el 20 de diciembre de 2019
«Rechazada la creación de la comisión investigadora», anunció este jueves el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, tras la votación por 47 votos afirmativos y 23 negativos que requería de un voto más positivo para alcanzar los dos tercios y constituir la comisión.
El oficialismo, que apenas cuenta con 10 por ciento de los senadores en la Cámara alta, logró frenar la creación de este cuerpo investigador gracias al apoyo que brindaron algunos integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes se alinearon con los gobernadores.
La UCR había sido la fuerza que presentó la propuesta inicialmente.
Uno de los senadores radicales que votó en contra fue el jefe del bloque, Eduardo Vischi, quien previamente había apoyado el proyecto en la comisión de su propio partido.
También fue necesario el respaldo de los senadores del PRO, partido liderado por del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), aliado de Milei.
Sin embargo, la senadora Guadalupe Tagliaferri, del PRO, y otros sectores de la UCR se opusieron, al igual que los 34 senadores de Unión por la Patria (peronista).
Por otro lado, el Senado aprobó, con 46 votos a favor y 15 en contra, una solicitud para que el Gobierno informe sobre cómo se manejó en torno a criptomoneda, cuya cotización se desplomó en cuestión de horas tras su lanzamiento.
La Cámara alta también votó en contra, por 42 votos afirmativos y 23 negativos, de un pedido de interpelación al jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, para que rindiera explicaciones sobre el escándalo provocado por el mandatario con la promoción de la criptomoneda.
La sesión, convocada para tratar la suspensión de las elecciones primarias de agosto como antesala de las parlamentarias de octubre, demoró el tratamiento de este y otros proyectos, priorizando las discusiones sobre la responsabilidad de la actual gestión en torno al activo digital promovido por Milei.
La senadora opositora Silvia Sapag afirmó que 75.000 personas fueron estafadas por 285 millones de dólares de inversionistas de 26 países y acusó al presidente de mentir por asegurar que él solo había difundido la inversión de la criptomoneda, cuando su post en las redes sociales fue la primera información pública conocida sobre ese activo digital.
«Eso significa que el presidente es parte de la organización del lanzamiento; Milei siempre estuvo al tanto, y sabía muy bien que nada era para apoyar el emprendimiento y las pymes, solo era juntar dinero con el respaldo del Gobierno argentino», señaló la legisladora de Unión Ciudadana.
La legisladora también se hizo eco de algunas acusaciones del entorno cripto que sostienen que la actual gestión cobró coimas, en concreto 5 millones de dólares, por tener acceso exclusivo al jefe de Estado.
La sesión continuará con el debate sobre el proyecto de suspensión de las PASO, conocido como Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que obtuvo media sanción el 6 de febrero en la Cámara de Diputados por 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones.
El Senado también tratará otros proyectos de ley clave para el Ejecutivo: la Ley de Reiterancia Penal, aprobada en la Cámara baja por 138 votos a favor, 94 en contra y una abstención, y la de Juicio en Ausencia, avalada con 147 votos afirmativos, 68 negativos y nueve abstenciones.
El primer proyecto estipula que cualquier persona acusada de cometer un delito que tenga un proceso penal previo puede quedar detenida en prisión preventiva durante el desarrollo del juicio, una iniciativa considerada punitivista por organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales.
El segundo permite realizar juicios en ausencia del imputado en caso de delitos graves, lo que conllevaría modificar el Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal Federal.
La actual gestión promueve esta iniciativa para impulsar un nuevo juicio sobre atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, ataque que la justicia argentina atribuyó a Irán.
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