La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de Buenos Aires resolvió «condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para acceder a cargos públicos (…) por considerarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», leyó el juez Rodrigo Giménez Uriburu durante la audiencia.
Fernández, quien enfrentaba un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y defraudación, a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, puede recurrir el veredicto, por lo que la sentencia no es definitiva.
Tras tres años y medio de juicio, el tribunal también sentenció a seis años de reclusión al empresario Lázaro Báez, cuya firma, Austral Construcciones, recibió los 51 proyectos de obra pública investigados en este debate oral.
El resto de los 11 acusados de la causa recibieron penas de cárcel que oscilaron entre los tres años y seis meses y los seis años.
Ante la expectativa que generaba la sentencia contra la expresidenta, por ser la dirigente política más importante del país, los tribunales federales de la capital argentina se encuentran vallados desde la víspera.
Un gran operativo de seguridad se desplegó desde la mañana de este martes, con la intervención de la Policía Federal para controlar el interior del Palacio de Justicia y el tribunal donde se leyó la sentencia, y la Policía de la ciudad de Buenos Aires, responsable de supervisar el exterior.
Varias organizaciones sindicales y sociales se movilizaron durante la jornada, ante la expectativa de un fallo condenatorio.
La Asociación de Trabajadores del Estado se reunió frente a la sede del gremio y se moviliza ahora hacia los tribunales, al igual que el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines y la Federación de Tierra y Viviendas y Hábitat.
La Asociación del Personal Legislativo, en tanto, se manifestará frente al Congreso.
La causa se inició a partir de una denuncia formulada por el director de la Dirección Nacional de Vialidad de la gestión anterior, Javier Iguacel, cuya primera medida fue ordenar la realización de una auditoría sobre la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Ésta es la única causa contra la vicepresidenta que fue elevada a juicio oral y público, el cual dio inicio el 21 de mayo de 2019.
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