Aysa
El Ejecutivo argentino continúa con su hoja de ruta para achicar el Estado y recortar el gasto público. En ese contexto, Aysa —empresa estatal creada tras la reestatización de los servicios de agua en 2006— será la próxima en pasar a manos privadas. El Gobierno justifica la medida por el alto costo fiscal y el deterioro del servicio, mientras promete mejoras en calidad, precio y eficiencia bajo un nuevo esquema regulado por el mercado.
La compañía Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) abastece de agua potable a más de 11,3 millones de personas y gestiona el servicio de cloacas para 9,4 millones. Su área de cobertura incluye la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, una de las zonas más densamente pobladas del país.
Desde su creación en 2006 por el Gobierno de Néstor Kirchner, Aysa fue financiada en gran parte con recursos del Tesoro Nacional, que —según el portavoz presidencial Manuel Adorni— aportó 13.400 millones de dólares hasta 2023.
El Gobierno critica que, pese a esa inversión, hubo “un fuerte deterioro de la infraestructura” y un crecimiento del 90% en la plantilla de personal
El Ejecutivo cederá el 90% del capital accionario de Aysa a manos privadas, mientras que el 10% restante quedará en poder de los empleados, que serán incorporados como accionistas.
El proceso se ejecutará bajo un formato mixto:
Licitación nacional e internacional para elegir un operador estratégico
Oferta pública inicial (IPO) para sumar a otros inversores
Todo el esquema estará supervisado por la Comisión Nacional de Valores, con estándares internacionales de transparencia.
La venta de Aysa se suma a una lista creciente de privatizaciones implementadas por el Gobierno de Milei:
| Empresa | Rubro | Estado actual |
|---|---|---|
| Impsa | Siderurgia | Vendida a consorcio estadounidense |
| Energía Argentina (Enarsa) | Hidrocarburos | Privatizada |
| Intercargo | Servicios aeroportuarios | Privatizada |
| Corredores Viales | Autopistas y carreteras | Privatizada |
| Belgrano Cargas | Transporte ferroviario de carga | Privatizada |
La estrategia oficial busca “reducir la estructura estatal” y mejorar la eficiencia de los servicios mediante la participación privada
El anuncio de la privatización de Aysa ha generado preocupación en distintos sectores políticos y sociales, especialmente por el impacto que podría tener en el precio del servicio y la continuidad del acceso al agua potable, un derecho básico.
También se cuestiona que Aysa haya sido usada como “plataforma de campaña” por el anterior Gobierno, en palabras de Adorni, lo que refuerza el discurso oficial de ruptura con el modelo anterior de gestión estatal.
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