La ofensiva judicial contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012 ha escalado un nuevo peldaño. El Ejecutivo de Javier Milei ha decidido apelar ante la Justicia estadounidense para frenar el cumplimiento de una sentencia que podría afectar gravemente a su soberanía energética y económica. En juego están más de 16.000 millones de dólares y el control estratégico de la principal petrolera del país.
Argentina recurre ante la Corte de Apelaciones
La apelación fue presentada oficialmente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, en respuesta al fallo emitido el pasado 30 de junio por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York. En dicha resolución, se ordenaba al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones clase D de YPF en un plazo de 14 días, depositándolas en una cuenta de custodia de Bank of New York Mellon Corporation.
Los fondos demandantes, Burford Capital y Eton Capital, ya se habían opuesto un día antes a la solicitud argentina de suspender la ejecución del fallo.
La Justicia estadounidense dictaminó que Argentina no cumplió con el estatuto de YPF durante la nacionalización de la empresa en 2012
Una sentencia de alto impacto económico y político
El conflicto judicial se originó tras la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en la que el Estado argentino tomó control de la mayoría accionaria de la petrolera sin lanzar una oferta pública de adquisición como estipulaban los estatutos de la empresa.
La jueza Preska dio la razón a los fondos litigantes, que adquirieron los derechos de litigio de antiguos accionistas de YPF, y fijó una indemnización por más de 16.000 millones de dólares (unos 13.588 millones de euros), una de las condenas más grandes que enfrenta Argentina en tribunales internacionales.
El Estado argentino controla YPF desde 2012 y condiciona decisiones clave como la aprobación de medidas o la designación del directorio
Contexto político y económico adverso
El fallo llega en un momento delicado para Argentina, en plena etapa de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, que ha prometido achicar el Estado y abrir la economía al mercado. La pérdida del control de YPF supondría un duro golpe tanto para su estrategia energética como para su imagen de autoridad frente a inversores internacionales.
Desde el Gobierno se insiste en que no se puede permitir que un fondo especulativo se apropie de un activo clave del país. Por ello, la apelación se considera una jugada clave para ganar tiempo, revisar el fallo e intentar negociar una salida alternativa.
