«La República Argentina apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023», consigna el recurso presentado por el país y difundido por el economista Sebastián Maril, especialista en las demandas que afronta Argentina en EEUU.
A través del estudio Sullivan & Cromwell, el país también recurrió los otros cuatro fallos de la justicia estadounidense emitidos desde 2016 relacionados con la expropiación de la petrolera, al apelar «todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia».
Argentina solicitó el viernes a la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan que emitió el fallo, Loretta Preska, que la exima de depositar una garantía de 16.100 millones de dólares, al argumentar que ese monto equivale al 20 por ciento de su presupuesto anual.
Ese desembolso generaría «daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes», justificó el país sudamericano.
«El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía», añadió.
Argentina también tiene la posibilidad de apelar la sentencia ante la Corte Suprema estadounidense.
En su fallo del 15 de septiembre, la magistrada del Segundo Distrito Sur de Manhattan no estableció una cifra exacta de indemnización por la expropiación de las acciones de YPF que adquirió con posterioridad Burford Capital, un fondo de inversión con sede en Londres especializado en comprar juicios, pero sentenció que el esquema de compensaciones económicas que propuso la querella era el conveniente.
Para Preska, Argentina ejerció un control indirecto sobre las acciones que tenía la petrolera española Repsol el 16 de abril de 2012, por lo que consideró que el interés del ocho por ciento propuesto por los abogados de Burford Capital era «apropiado y equitativo».
En el marco de este juicio, que duró ocho años, el fondo buitre consideró que el Estado argentino debía resarcirlo con 16.000 millones de dólares, mientras que el Estado argentino propuso la cifra de 5.000 millones de dólares.
A raíz de la sentencia, las partes deben negociar el monto de indemnización sobre la base del tope del reclamo.
Durante el desarrollo del juicio, los fondos Burford Capital y Eton Park reclamaron que el Estado argentino tenía que haber lanzado una oferta de adquisición por todo el capital accionario de YPF, y no solo por el 51 por ciento, de acuerdo a los estatutos de la compañía.
El Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF, controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015 comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina, Eskenazi, a través de las cuales habían controlado 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Pero con la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes, de acuerdo al estatuto de YPF.
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