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Vacunación

El expresidente peruano Martín Vizcarra defiende que su vacunación contra la coronavirus «no fue un delito»

Vizcarra ha expresado así que si se evalúa con "objetividad", "no hay ningún delito" y ha garantizado que se hablará "con la verdad" para explicar lo sucedido.

Martín Vizcarra

El expresidente de Perú Martín Vizcarra ha defendido su vacunación contra la COVID-19 en pleno escándalo por la inmunización irregularidad de altos cargos y ha insistido en que su caso se enmarcaba en un ensayo clínico.

En una rueda de prensa, el exmandatario ha indicado que, si bien ha pedido disculpas a los peruanos, había sido informado de que dichas dosis pertenecían al ensayo de la vacuna y no a la campaña de vacunación de la población en general.

Vizcarra ha expresado así que si se evalúa con «objetividad», «no hay ningún delito» y ha garantizado que se hablará «con la verdad» para explicar lo sucedido, según informaciones de la emisora RPP.

Asimismo, ha señalado que fue informado de las vacunas. Sin embargo, ha matizado, el médico encargado, Germán Málaga, le informó de que pertenecían al ensayo clínico. «Como presidente, me dijeron que había 12.000 dosis para la etapa experimental. Nunca, hasta el día que dejé el Gobierno, me habló de números adicionales a estas dosis», ha afirmado. Asimismo, ha manifestado que Málaga debería haber indicado que había vacunas adicionales para el personal sanitario.

En este sentido, Vizcarra ha indicado que no retirará su candidatura a las elecciones parlamentarias y ha insistido en que responderá ante la Justicia si es necesario. La subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara procedentes las denuncias constitucionales contra el expresidente y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por violar la Constitución, en primer término, y por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de su función.

Por el primero de los cargos (infracción constitucional) se ha abierto un proceso de juicio político que podría desembocar en la inhabilitación para ejercer cargos públicos por parte de estos antiguos altos cargos.

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