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Armas

Los socialistas brasileños piden al Supremo cancelar los decretos de Bolsonaro para facilitar el uso de armas

El PSB ha explicado que estos cuatro decretos propiciarán que la población civil posea "auténticos arsenales".

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El Partido Socialista Brasileño (PSB) ha presentado este miércoles una demanda ante el Tribunal Supremo para que suspenda los cuatro decretos avalados por el presidente, Jair Bolsonaro, que buscan flexibilizar el acceso a las armas de fuego.

El PSB ha explicado que estos cuatro decretos propiciarán que la población civil posea «auténticos arsenales», lo que conllevaría una «ausencia de fiscalización» de los mismos y el consiguiente «aumento de la mortalidad en Brasil».

Al mismo tiempo, el PSB ha mostrado su preocupación por lo que considera una «grave amenaza institucional» que supone facilitar el acceso de armas de fuego a ciertos «segmentos específicos de la sociedad», en especial cuando «el jefe del Estado» ha estado, «en reiteradas ocasiones», pidiendo «a sus bases la defensa armada de sus ideales políticos».

El presidente Bolsonaro publicó el pasado viernes, en víspera de las vacaciones de Carnaval, cuatro nuevo decretos, con la firma también de los ministros de Defensa, el general Fernando Azevedo e Silva, y de Justicia, André Mendonça, en los que promovía la posesión de hasta seis armas de fuego por ciudadano.

Desde la oposición y algunos sectores afines se ha cuestionado también la medida porque con ella Bolsonaro podría estar incurriendo en una invasión de sus competencias, puesto que legislar compete «en exclusiva» al Poder Legislativo.

Uno de los decretos extiende el periodo de registro de armas de cinco a diez años y, además, permite que francotiradores y cazadores adquieran un mayor número de unidades de municiones.

En el caso de las autoridades de seguridad se permite la compra de dos armas de uso restringido y se ha eliminado una serie de elementos de los «productos controlados por el Ejército» facilitándose la adquisición de estos.

La política de armas de Bolsonaro ha suscitado una gran polémica en un país con récord de homicidios y es que, desde que llegó al Palacio de Planalto, en enero de 2019, ha promulgado varias medidas que facilitan el uso y la tenencia de armas, cumpliendo así con una de sus principales promesas electorales.

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