«En la ANP hemos hecho un conteo de los ataques a la libertad de expresión desde que empezó el régimen de la señora Boluarte (diciembre de 2022) y pudimos contabilizar 740 ataques a periodistas. Prácticamente estamos hablando de un ataque a periodistas por día, por eso hemos señalado que el periodismo categóricamente en este país está bajo asedio», dijo a la Agencia Sputnik la presidenta de la asociación, Zuliana Lainez.
Según la titular de la ANP, la situación de la prensa en Perú es «muy grave», considerando el asesinato perpetrado el 20 de enero contra el periodista local Gastón Medina, quien fue baleado por un sicario cuando se encontraba conversando con un amigo en la puerta de su domicilio en el departamento de Ica (sur).
«Desde hace más de siete años que no ocurría un asesinato contra un comunicador social, y no tenemos ni siquiera una declaración de la Región Policial (de Ica) para saber qué ha sucedido con ese caso», denunció Lainez.
Según colegas y familiares, Medina, propietario del medio Cadena Sur TV, había señalado presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial de Ica y la Corte Superior de Justicia de Ica.
Asimismo, investigaba a mafias de extorsión en el sector transporte que operan en ese departamento.
Debido a la labor del periodista, se podría inferir que el ataque provino de delincuentes comunes o, en su defecto, de funcionarios corruptos, algo posible considerando el grado de hostilidad que sufre el periodismo de parte de las instituciones públicas.
AGRESIONES DIVERSAS
Según la ANP, en 2024 se registraron 392 ataques contra periodistas y medios de comunicación, la cifra más alta en lo que va del siglo XXI, superando los 352 casos de 2023 y los 303 de 2022.
Estos ataques consisten en amenazas y hostigamiento, agresiones físicas y verbales, discursos estigmatizantes para desacreditar a la prensa, obstáculos al acceso a la información y cobertura periodística, intimidación judicial y afectación laboral.
La presidenta de la ANP señaló al Ejecutivo y al Legislativo como dos de las instituciones de donde provienen muchos de estos ataques.
«Recordemos que la presidenta utilizó este eufemismo de «terrorismo de imagen» para denominar de alguna forma la crítica periodística, pero no solo es el Ejecutivo sino también el Legislativo que, hace un poco más de año, intentó aprobar una «ley mordaza», queriendo elevar las penas por difamación, lo que es abiertamente una tentativa de silenciar a la prensa», apuntó Lainez.
En octubre de 2024, Boluarte afirmó que el país debía enfrentar «un nuevo mal, una gran amenaza en el mundo, la guerra de las mentiras, las ‘fake news’, las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen».
Esto generó la protesta de los gremios periodísticos, que vieron en las palabras de Boluarte un ataque a la libertad de prensa y una deslegitimación de la labor informativa.
Por otro lado, la presidenta de la ANP señaló un hecho que considera «inobjetable» en relación al maltrato a la prensa por parte de funcionarios públicos: el que diversos escándalos de corrupción en la esfera política fueron revelados por los medios, más que por el propio Ministerio Público.
«La prensa es la que ha revelado en los últimos años todos los casos de corrupción donde, potencialmente, está involucrada la clase política. Todas las bancadas a las que se les ha sacado un tema de corrupción, se ha hecho gracias a la prensa, luego la fiscalía ha intervenido y ha hecho su trabajo, pero la prensa es la que ha puesto el foco inicial», indicó la titular de la ANP.
JUSTICIA INTIMIDATORIA
Asimismo, Lainez citó el caso del parlamentario Alejandro Soto, quien en junio de 2024, cuando ejercía como presidente del Congreso, presentó una denuncia penal contra José Miguel Hidalgo, periodista del programa Cuarto Poder, emitido por la televisora local América.
La acusación se basó en el presunto delito de «marcaje o reglaje», argumentando que el periodista y su equipo realizaron un seguimiento indebido que comprometía la seguridad de Soto y su familia, cuando Hidalgo reveló la contratación irregular de un familiar del entonces presidente del Legislativo.
Esto fue considerado por los gremios periodísticos como una instrumentalización de la justicia para frenar la acción de la prensa.
«En la última década, 30 a 35 periodistas al año son llevados a tribunales por casos de «difamación». Los periodistas no estamos acostumbrados a sentarnos frente a un juez para demostrar cómo hicimos nuestro trabajo, eso nos quita tiempo porque, si no trabajas para una empresa, muchas veces tienes que costear tu defensa legal», denunció la presidenta de la ANP.
En ese sentido, señaló que en cerca de un 80 por ciento de los casos, los periodistas resultan inocentes, lo que a su entender demuestra que no se está llevando a la justicia a difamadores, sino que solo se busca perseguirlos con el propósito de hostigarlos y detener sus investigaciones.
