Su relevancia radica en que la obra conectaría Buenos Aires con la formación rocosa de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), que alberga las segundas reservas mundiales de gas no convencional y las cuartas de petróleo.
«Argentina se encuentra en un cuello de botella porque tiene la posibilidad de producir mucho más gas del que está produciendo, pero no puede hacerlo al no tener vías de evacuación», revela el especialista en gas no convencional Fernando Meiter, socio y director comercial en Argentina de la empresa Gas Energy Latin América.
Con los gasoductos a rebosar todos los meses del año, el país necesita un nuevo conducto que pueda llevar el gas de Vaca Muerta hasta los grandes centros urbanos e industriales. La obra «tendría una extensión de 568 kilómetros y podría transportar 44 millones de metros cúbicos día de gas», detalla Meiter, también director ejecutivo de la firma TNS Latam.
En una primera etapa, la obra comunicaría la localidad neuquina de Tratayén con la bonaerense de Salliqueló. Allí podría ser conectada con el gasoducto Centro Oeste, con la que llevar el combustible hasta el norte del país.
En una fase posterior, el gasoducto se extendería 467 kilómetros para llevar el gas natural hasta San Jerónimo, al sur de la provincia de Santa Fe (centro-este). Allí ya se podría pensar en abastecer al centro y norte del país, y quién dice, quizás exportar los excedentes a Chile y Brasil.
ENÉSIMO CONFLICTO
Este gasoducto, que se llamará «Néstor Kirchner» en honor al expresidente que gobernó entre 2003 y 2007, llevó a un punto de fricción al presidente, Alberto Fernández, y a su vice, Cristina Fernández de Kirchner, que se resolvió con la salida de uno de los ministros más apreciados por el gobernante.
La desavenencia comenzó a raíz de un acto por los 100 años de la petrolera estatal YPF que parecía un (nuevo) punto de salida para los dos titulares del Ejecutivo, enzarzados desde hace varios meses en una disputa por el rumbo del Gobierno.
En aquel evento, Fernández de Kirchner se quejó de que se autorizara a Techint, principal empresa siderúrgica del país, a importar la chapa de Brasil en lugar de elaborarla en el país.
El Ministerio de Desarrollo Productivo, dirigido por Matías Kulfas, difundió que funcionarios que respondían a la vicepresidenta, dentro de la empresa pública Integración Energética Argentina (Ieasa), «armaron un pliego de licitación a medida de Techint».
La ofensa de la vicepresidenta se cobró la cabeza de Kulfas, que luego negó tener conocimientos de algún delito de corrupción ante sede judicial.
Los reproches llevaron a desaciertos de las dos partes. La vicepresidenta asumió que los caños podían fabricarse en Argentina. Kulfas apuntó que una empresa argentina, Laminados Industriales, podría fabricar los caños en el país, opción desmentida por la propia firma.
«El exministro también se equivocó en decir que la obra estaba direccionada hacia el grupo Techint», añade Meiter. «Los caños se hacen por normas internacionales: para llevar determinado caudal de gas, se necesita un diámetro y espesor de determinadas características, y así fue hecho el pliego».
GOLPE DE REALIDAD
En condiciones normales, la obra proyectada por el Ejecutivo demandaría dos o tres años. Pero el Gobierno se ha propuesto concluirla para julio de 2023, en un contexto con volatilidad de precios que dificulta el acceso a la materia prima.
«El acero, que el año pasado costaba 900 dólares la tonelada, hoy cuesta 1.800 dólares», contextualiza el consultor. «Hay una falta de previsión de Ieasa, que no publica las proyecciones financieras del gasoducto, probablemente porque no las debe tener, cuando el gasoducto, hecho rápido y mal, puede llegar a costar el doble de lo que está presupuestado».
Solo cuatro firmas argentinas tienen la capacidad económica y la maquinaria para realizar la obra: Techint, Sacde, BTU y Víctor Contreras.
Ieasa tiene pensada la construcción del gasoducto en cuatro etapas. Las dos primeras, consistentes en colocar y enterrar los caños, podrían estar a cargo de las dos primeras, mientras que la instalación y colocación de las plantas compresoras y las válvulas estaría en manos de las dos últimas, más pequeñas.
Por más inestabilidad que haya, a Argentina le sale a cuenta encarar este proyecto. El país tiene proyectado para 2022 un déficit en su balanza comercial energética de casi 15.000 millones de dólares, contra 5.000 millones que tuvo en 2021.
La incógnita que surge es de dónde obtendrá los fondos para emprender esta obra, que será financiada con fondos públicos en su integridad, sin que haya en el horizonte ningún prestamista o inversor interesado. «No hay financiamiento privado, es solo público, así que no sé hasta qué punto Argentina podrá seguir con la obra, vista la escasez de dólares que tiene», plantea Meiter.
El gasoducto, diseñado en 2018 por la administración precedente de Mauricio Macri (2015-2019), quedó paralizado ese mismo año. El precio del gas que podía obtenerse de Vaca Muerta no llegaba a ser competitivo, pero además al Ejecutivo le estalló la crisis macroeconómica que le llevó a pedir asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras sucesivas postergaciones, la actual gestión derogó un año después de asumir, en diciembre de 2020, la resolución que convocaba la liciación del gasoducto. Lo retomó la propia Ieasa el 3 de junio a través de un simple comunicado que quedó opacado por el acto de YPF.
Meiter ve difícil que el gasoducto pueda concluirse en un año, cuando los reproches dentro del Gobierno han llevado a la oposición, que tampoco tiene mucha idea, a judicializar este asunto.
«Los plazos van a correr mucho más lentos», considera el consultor. «A un año y medio de las próximas elecciones, cuando lo maś probable es que esta administrcion no renueve su mandato, no creo que ningún funcionario se anime a firmar un papel muy comprometido».
El 8 de julio se darán a conocer las ofertas presentadas para la ejecución del gasoducto, mientras que el proceso de licitación concluiría al mes siguiente, según promete el Ejecutivo.
