Las medidas estarán en vigor hasta el 14 de noviembre de 2022, según acordaron el pasado día 11 los ministros de Exteriores del bloque durante una reunión centrada en el comercio. La lista negra europea incluye a 55 personas acusadas minar la democracia y violar derechos fundamentales desde sus respectivos cargos.
Plasencia ha asegurado que la UE «reincide en su errática y fallida política dirigida contra el pueblo venezolano» por una renovación que considera que se ha hecho «desde las sombras», sin apenas comunicación pública. Estas sanciones, ha añadido, son «contrarias a la legalidad internacional».
«Desde Venezuela condenamos enérgicamente esta nueva agresión en contra de nuestro pueblo y consideramos esta insolente renovación un acto de hostilidad, cuyo objetivo pareciera ser querer torpedear la fiesta democrática del próximo domingo», ha lamentado, en alusión a los comicios.
El Gobierno de Nicolás Maduro vuelve a poner en tela de juicio el papel de la UE en un momento clave, ya que por primera vez desde 2006 el bloque europeo ha enviado una misión de observadores a las elecciones de Venezuela. En total, más de un centenar de personas forman parte de este despliegue, no exento de polémica.
Tanto el Gobierno venezolano como el Consejo Nacional Electoral (CNE) se han esforzado por dejar claro que no será la misión europea la que determine si los resultados son legítimos o no, especialmente después de que el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, así lo sugiriese en unas declaraciones públicas duramente reprendidas desde Caracas.
