«El tribunal considerada que las evidencias de criminalidad son suficientes para sustentar los cargos de soborno y lavado de dinero bajo las disposiciones del tratado de extradición entre Estados Unidos y la República de Perú», ha decidido el juez federal del estado de California, Thomas Hixson.
La decisión de Hixson se produce cuatro días después de que la defensa de Toledo solicitara la suspensión de la petición de extradición debido a las supuestas contradicciones e inconsistencias en los relatos de los principales testigos, entre ellos el del empresario Josef Maiman, colaborador de la Fiscalía de Perú.
Toledo, de 75 años, siempre ha negado las acusaciones y ha asegurado que nunca recibió soborno alguno, sino que fueron a parar a manos de Maiman, a quien acusa de haber actuado falsamente en su nombre para recibir ese dinero.
Con el visto bueno ya de la Justicia estadounidense, corresponde ahora al secretario de Estado, Antony blinken, firmar la extradición de Toledo, quien residía en Estados Unidos desde 2017 y fue detenido dos años después a petición de las autoridades peruanas, si bien logró la condicional debido a los riesgos que supondría contraer el coronavirus debido a su estado de salud.
Presidente de Perú entre 2001 y 2006, fue detenido en 2019 en su residencia de Silicon Valley, California. Toledo forma parte de la ristra de antiguos presidentes peruanos –como el desaparecido Alan García, Ollanta Humala, o Pedro Pablo Kuczynski– supuestamente corrompidos por Odebrecht dentro en la mediática trama de Lava Jato, cuyas redes se extienden por todo América Latina.
