El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se convirtió en la primera guerrilla de Colombia cuando las FARC firmaron la paz en 2016. Desde entonces, ha emprendido un camino de consolidación en las zonas históricas y expansión a otras nuevas, tanto en suelo colombiano como en la vecina Venezuela, lo que lo convierte en un «factor de desestabilización» a ambos lados de la frontera.
El ELN nació a mediados de los 60 ya a la sombra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En todos estos años se ha mantenido como la segunda guerrilla de Colombia, con «periodos de contracción, recomposición y extracción», si bien la conversión de las FARC en un partido político ha brindado a los ‘elenos’ una oportunidad histórica.
«Hasta 2012, los análisis apuntaban a que se encontraba debilitado, sin posibilidad de incidir en las dinámicas de la confrontación», señala la Fundación de Ideas para la Paz (FIP) en un informe publicado esta semana en el que plantea ‘¿Qué hacer con el ELN?: Opciones ante una derrota militar lejana y un diálogo improbable’.
La FIP menciona como principales motivos de este «debilitamiento» el incremento de la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas, por un lado, y la «fuerte ofensiva» de los grupos paramilitares, por otro. Así, «mientras que en el año 2000 se estimaba que el ELN tenía cerca de 4.500 miembros, la cifra cayó a menos de la mitad en una década».
La descomposición del ELN llegó hasta tal punto que en 2006 «concluyó que la derrota del enemigo no era viable» y, en consecuencia, «se definió como un proyecto de resistencia armada bajo el cual cada día que un combatiente o dirigente se levantara con vida era ya un ganador».
Sin embargo, con el proceso de Justicia y Paz lanzado por el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) para dar una salida civil a los paramilitares y con el arranque de las negociaciones de paz entre las FARC y el Ejecutivo de Juan Manuel Santos (2010-2018), «el ELN encontró las condiciones para recomponer su fuerza armada».
VIEJOS Y NUEVOS TERRITORIOS
Según cálculos de la Fuerza Pública que recoge la FIP, el ELN contaba en 2018 con unos 4.000 miembros, de los cuales mil habrían sido reclutados en 2017, esto es, en el primer año sin las FARC.
Los ‘elenos’ se han concentrado en algunas de sus «zonas históricas» y han ampliado su influencia a otros territorios que estaban bajo la influencia de las FARC. Mientras que en las primeras tiene pleno dominio, en las segundas «le ha costado consolidar su presencia», lo que se ha traducido en enfrentamientos con grupos rivales.
Los principales escenarios de la pugna por llenar el vacío dejado por las FARC son la región del Catatumbo, donde se enfrenta con éxito a la también guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), y Chocó, donde ha tenido que retroceder ante el empuje del Clan del Golfo.
EN BUSCA DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES
La expansión del ELN ha seguido el camino de las llamadas «economías ilegales», que van desde el narcotráfico a la minería ilegal pasando por el contrabando a través de la frontera con Venezuela. «Ha pasado de tener una alta dependencia de recursos financieros provenientes del secuestro y la extorsión (…) a la diversificación de fuentes», explica la FIP.
En los 80, la guerrilla fijó como objetivos «los pilares de la economía nacional», tales como la industria petrolera y la infraestructura eléctrica y de comunicaciones, lo que ha hecho del oleoducto de Caño Limón-Coveñas uno de sus blancos más recurrentes.
Ya en 2006 dio un salto cualitativo al abandonar su «prohibición absoluta» frente al narcotráfico. Empezó cobrando «impuestos o vacunas» por cada kilo de cocaína que salía de sus zonas de influencia y ha acabado posicionándose en la cadena de producción y comercialización. En algunas comunidades, obliga a los habitantes a sembrar cultivos de coca.
En cuanto a la minería ilegal, «no es algo nuevo para el ELN», si bien en 2013 comenzó a avanzar hacia el llamado arco minero. «En algunos casos, exige el 5% de la producción de oro diaria a los mineros y, en otros, impone un cobro por cada mina ilegal en uso», ilustra la FIP.
LA CLAVE VENEZOLANA
Venezuela ha jugado un papel fundamental en el crecimiento del ELN, afirma la FIP. El país vecino siempre ha sido «una de sus principales zonas de retaguardia». Por ejemplo, en la época de la ofensiva paramilitar, la cúpula ‘elena’ se trasladó directamente a la nación caribeña. Sin embargo, ahora es directamente una «retaguardia clave».
El Gobierno Colombia estima que en torno a un 40% de los guerrilleros del ELN está en Venezuela, incluidos destacados miembros, y, de acuerdo con los ‘think tank’ International Crisis Group e Insight Crime, está presente en 12 de los 24 estados venezolanos participando en las «economías ilegales» y con actividades de «adoctrinamiento y reclutamiento».
Con todo ello, «en la actualidad el ELN tiene influencia armada y territorial en los dos países», aunque «con relaciones muy distintas con la institucionalidad estatal a lado y lado de la frontera», comenta la FIP. Mientras que el Gobierno de Nicolás Maduro le daría amparo, el de Iván Duque en Colombia «ha internacionalizado las tensiones recientes con el ELN bajo la consigna de la lucha contra el terrorismo», recuerda.
¿FUTURO DIÁLOGO?
En este contexto, la FIP plantea como posibles salidas la derrota militar del ELN o un diálogo de paz con el precedente de las FARC.
En el primer caso, asume que «no es una opción» porque, a diferencia de las FARC, el ELN es una guerrilla federada, integrada por varios frentes que se articulan en una «estructura horizontal» con distinto peso político y militar y distinta implantación en el territorio. «La estrategia usada por el Estado para debilitar a las FARC seguramente no tendrá los mismos resultados con el ELN: Se trata de un desafío distinto», augura.
«El diálogo es improbable» igualmente porque, del lado del Estado, «la Administración del presidente Duque ha cuestionado la existencia del conflicto armado» y «los rezagos y los problemas que ha tenido la implementación del acuerdo de paz con las FARC aumentan la desconfianza del ELN en el Estado y en su capacidad de cumplir lo pactado».
Del lado de la guerrilla, la ruptura del diálogo de paz iniciado en 2017 por el atentado cometido hace un año contra una escuela de cadetes de Bogotá ha dejado «aislada» en Cuba, sede de las conversaciones, al «ala moderada» que representa el máximo jefe del ELN, ‘Gabino’, mientras que fuertes jefes militares como ‘Pablito’ campan a sus anchas entre Colombia y Venezuela.
A pesar de todo, «sería un error cerrar del todo la posibilidad de la salida negociada», defiende la FIP, puesto que la vía militar daría lugar a «una guerra de baja intensidad con altos costes en términos humanitarios y ambientales».
Para la FIP, el punto de partida de un nuevo diálogo serían «medidas de confianza», como la liberación de los secuestrados o incluso una tregua –gestos que ya ha reclamado la Casa de Nariño–, que deberían ir acompañadas de una verdadera implantación del Estado en las zonas de influencia del ELN para «construir y ganar legitimidad».
Asimismo, insta a «no quemar naves con Venezuela», porque en el pasado ha demostrado ser esencial en los diálogos de paz en Colombia, y a «que se recompongan las golpeadas relaciones con garantes como Cuba», dado que la persecución del «ala moderada» asentada en la isla caribeña solo beneficia al «ala radical» del ELN.
En este contexto, la FIP urge a iniciar la «fase de exploración» avisando de que, «en la medida en que el ELN evolucione hacia «zonas grises», «será muy difícil distinguir las motivaciones políticas de los intereses económicos». «Esto, sin duda, marcará el futuro del ELN», zanja.
