La polémica deriva del martes, cuando los diputados elegidos en las elecciones parlamentarias de diciembre –boicoteadas por la oposición– aprobaron la composición del CNE para los próximos años e incorporaron en la lista los nombres de Enrique Márquez –postulado por la sociedad civil– y de Roberto Picón –representante del sector universitario–.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que el nuevo Consejo, que estará encabezado por el exministro de Educación Pedro Calzadilla, garantizará el correcto desarrollo de los procesos electorales de los próximos años, en los que por ahora el Gobierno no se plantea ningún adelanto.
Según Maduro, el nombramiento «fue un acuerdo político, como debe ser, dialogado y negociado con todos los sectores de la oposición», lo que permitirá contar con un CNE «muy fuerte desde el punto de vista de su institucionalidad». El mandatario ha apelado también a la «gran diversidad» de quienes conforman el órgano, fruto recurrente de disputas con la oposición.
Líderes como Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y autoproclamado ‘presidente encargado’ del país en enero de 2019, sostienen que la imparcialidad del CNE es clave para futuros procesos, en particular si lo que se buscan son elecciones «libres» y «justas».
Guaidó ha acusado a Maduro de «imponer» de nuevo su criterio a través de «una institución ilegítima», en alusión al Parlamento que tomó posesión hace cuatro meses. «Es importante dejarlo muy claro: el supuesto CNE (…) no ha sido avalado, mucho menos negociado por el Gobierno interino, la Asamblea Nacional ni las organizaciones políticas que forman parte de la plataforma unitaria de Venezuela», ha subrayado, en alusión al bloque que conforman las principales formaciones opositoras.
Según Guaidó, Maduro «solo busca bajar la presión, engañar y dividir tanto a las fuerzas democráticas nacionales como a la comunidad internacional», por lo que ha llamado a no conformarse con «sobrellevar la dictadura» ni «asumir espejismos», toda vez que «el régimen sigue manteniendo el control del CNE».
«Si el supuesto nuevo CNE fuese realmente una solución para la crisis tendría como primera tarea publicar cronograma de las elecciones que incluya presidenciales en deuda desde 2018 y las elecciones parlamentarias de 2020», ha añadido el dirigente opositor, que anticipa nuevos anuncios porque es «momento de definiciones».
A la tesis de Guaidó se suman otros líderes de la oposición como Maria Corina Machado o Antonio Ledezma. Este último ha cargado contra los «políticos bígamos que juegan a oposición y se entienden con Maduro» y ha llamado a no conformarse: «No se trata de que nos den dos rectores, es que lo que salga de esa Asamblea es ilegítimo como Maduro».
En otra esfera se sitúa el excandidato presidencial Henrique Capriles, ve en la incorporación al CNE de Enrique Márquez y Roberto Picón «un primer paso indispensable» para «abrir caminos en la reconstrucción constitucional y democrática».
Capriles, que se ha desmarcado en varias ocasiones de la línea marcada por Guaidó, cree que tanto Márquez como Picón «han demostrado un compromiso con la democracia» y, si bien ha señalado que no basta con poner un «contrapeso» a la mayoría chavista del CNE, sí puede suponer una «oportunidad».
«Se trata de ir creando finalmente un espacio de confianza que rescate, para todos los venezolanos, el valor del voto como mecanismo de elección y solución del desastre que impera», ha añadido Capriles, que ve necesario «buscar caminos» para construir «una Venezuela de paz y progreso para todos».
REACCIONES DISPARES DESDE EL EXTERIOR
La disparidad de reacciones dentro de Venezuela se extiende también al exterior. Al contrario que en ocasiones anteriores, los países que respaldan la figura de Guaidó no han compartido mensajes similares a los del líder opositor, ni siquiera Estados Unidos, el primer país que le reconoció como presidente legítimo y que sigue siendo su principal valedor.
La primera reacción norteamericana ha llegado por boca de una portavoz del Departamento de Estado, Jalina Porter, que en rueda de prensa este miércoles ha evitado hacer una valoración directa de la renovación del CNE y se ha limitado a decir que Washington defiende «una transición democrática en Venezuela mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas».
La Unión Europea, por su parte, habla de «primer paso» y se ha mostrado dispuesta a seguir implicada en la resolución de la crisis. «Este proceso debe ser liderado por Venezuela y debe incluir otros elementos que garanticen un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente, tal y como piden los propios venezolanos», ha dicho el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, a Europa Press.
«La UE seguirá apoyando el diálogo y los esfuerzos en curso para superar el actual estancamiento por medios pacíficos y democráticos dirigidos por Venezuela», ha añadido Stano.
También el Gobierno español ha considerado «un primer paso» que el CNE cuente «con personalidades de la oposición democrática apoyadas por organizaciones de la sociedad civil». No obstante, cree que «aún deberían seguir otras medidas necesarias para garantizar la celebración de elecciones justas, creíbles y transparentes», según el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.
En el lado más crítico se sitúa la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha incidido en que el nombramiento lo ha llevado a cabo «una Asamblea Nacional ilegítima». «Estas acciones de la dictadura son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado», ha denunciado en un comunicado que encabeza Luis Almagro.
