Juan Guaido y Fabiana Rosales - Rafael Hernandez/dpa
«El Supremo permite esta apelación en parte», dictó la corte de máxima instancia en una breve intervención oral del juez lord Lloyd-Jone.
Los jueces aceptan el reconocimiento «claro e inequívoco» de Guaidó como presidente interino de Venezuela y declaran «anticuada» la distinción dual entre mandatario de hecho y de derecho, que consideró el Alto Tribunal de Apelación.
«Las cortes de esta jurisdicción están obligadas a aceptar las declaraciones del Gobierno que establecen que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela y que no reconoce al señor (Nicolás) Maduro como presidente de Venezuela para ningún propósito», señaló el lord juez Lloyd-Jone.
Los abogados del consejo del Banco Central de Venezuela (BCV) alegaron que el Gobierno británico sigue relacionándose con la administración de Caracas y se admitiría por tanto que reconoce la función «de hecho» y el poder en el terreno del presidente Maduro.
El pleito sobre el acceso y control de las 31 toneladas de oro de Venezuela que están depositadas en el Banco de Inglaterra retornará una vez más al tribunal comercial de Inglaterra, en respuesta al fallo del Supremo.
“Continúa siendo necesario evaluar si las decisiones de la Corte Suprema de Justicia (de Venezuela) han de ser reconocidas en esta jurisdicción; el procedimiento se remite a la Corte Comercial para este cometido”, sentenció el Supremo.
El fallo del máximo tribunal británico prolonga un pulso judicial entre Maduro y Guaidó, lanzado después de las elecciones presidenciales de 2018, que la oposición juzgó fraudulentas y condujo a la proclamación del entonces dirigente de la Asamblea Nacional como jefe de Estado de la república sudamericana.
En liza sigue el futuro de los 1.950 millones dólares –según la última estimación adelantada por el juez Lloyd-Jones– de las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra.
Los abogados de Maduro han expuesto a lo largo del proceso la intención del Gobierno venezolano de canalizar parte de estos activos a través del programa de la ONU en ayuda y asistencia nacional para contener la pandemia del coronavirus.
Para Guaidó, se trata de una batalla judicial para “proteger las reservas” nacionales bajo custodia en Inglaterra.
“Celebramos la oportunidad de demostrar en la siguiente fase del litigio que los tribunales del Reino Unido no deben reconocer las decisiones de la Corte Suprema del régimen de Maduro que declararon nulos e inválidos los cargos designados por el legítimo presidente de la junta de directores (la llamada junta adhoc) del BCV”, afirmó Guaidó en un comunicado remitido en inglés a Sputnik.
El dirigente opositor agradece el respaldo del Ejecutivo de Boris Johnson, que intervino directamente en la apelación ante el Supremo, y señala que “continuará dedicado al deber constitucional de proteger los activos de la república venezolana para las generaciones futuras”.
Guaidó reafirma además su objetivo por “promover elecciones libres y justas” en su país a fin de “acabar con el sufrimiento de los venezolanos y rescatar nuestra democracia”.
A su vez, el representante legal de la junta venezolana, Sarosh Zaiwalla, recordó que la oposición está financiando la querella con “fondos del BCV requisados en Estados Unidos, mientras los activos del Reino Unido continúan paralizados y sin estar disponibles para utilizarse en la lucha contra la pandemia en Venezuela”.
El proceso sigue en una fase preliminar en el Reino Unido y lleva 19 meses saltando de una corte a otra, con los honorarios y demás gastos legales de ambas partes a cargo del contribuyente venezolano.
En su retorno al juzgado comercial de Londres, con sede en el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, la disputa se centrará en veredictos del Supremo venezolano que desacreditan la autoridad de la junta adhoc del BCV nombrada por Gauidó.
Allí, se examinará rigurosamente, según Zaiwalla, el “efecto” de dichas decisiones en la gestión de las reservas enviadas fuera del país y, en concreto en este caso, retenidas en Inglaterra.
El especialista en litigios internacionales asegura que el “Gobierno de Maduro seguirá peleando con vistas a demostrar” que su consejo del BCV “es la única autoridad designada válida para gestionar los activos del extranjero en el interés de la población venezolana”.
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